REDACCIÓN
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, informó en su cuenta de Twitter que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que este colegiado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente.
“Olga Sánchez Cordero @M_OlgaSCordero Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_ , como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”
Como se recordará, el pasado jueves 25 de noviembre, los senadores de oposición pidieron a la Mesa Directiva del Senado, presentara una controversia constitucional, en contra del decreto que blinda las obras de infraestructura.
El senador Julen Rementería señaló en esa ocasión que “debería de ser atendido, porque la responsabilidad y la vía para poder presentar una acción de como la que se pretende en la controversia solamente recae en una persona. Y está respaldada no por el PAN, no porque estemos hablando en este momento, son 52 legisladores de esta Cámara, que están pidiendo en este momento que pueda ponerse frente a la Corte”.
Olga Sánchez Cordero mencionó también en su cuenta de Twitter que en respuesta a la solicitud, “en tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”.
“@M_OlgaSCordero Otros Organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.
“@M_OlgaSCordero La presidencia del @senadomexicano representa la unidad. Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”, concluye.
