Acusado de los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, desde hace 7 años, esta mañana de jueves 30 de diciembre fue detenido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex presidente del PRI Ciudad de México.
“El Rey de la Basura”, como se le conoce al otrora zar de la pepena de desperdicios en la Ciudad de México, actividad que lo hizo millonario, fue trasladado a la agencia del MP número 50 y posteriormente al Reclusorio Oriente, donde el juez lo vinculará a proceso.
El “Basuritas”, siendo dirigente del otrora partido oficial contrataba mujeres jóvenes para trabajar en las oficinas del tricolor como edecanes o personal administrativo, con sueldos interesantes. Sin embargo, el trabajo de las señoras era satisfacerlo a él y a dirigentes con trabajos sexuales.
Ahora, el político deberá enfrentar cargos por su presunta participación en los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, mismos que le persiguen desde hace más de siete años.
Gutiérrez fue echado de su cargo en 2014 precisamente por presuntamente dedicarse a contratar mujeres para dedicarlas a la prostitución dentro del partido.
Fue la comentarista de radio y tv, Carmen Aristegui, desde la cadena MVS, quien denunció a Gutiérrez como cabecilla de dicho grupo.
Pero la Procuraduría General de Justicia, prácticamente dependiente del presiente peña, a pesar del grueso aporte de pruebas, documentos y testimonios, prefirió no irse con todo su poderío en contra del político priista.
En 2020, Ernestina Godoy, fiscal general de la CDMXM reabrió el caso.
Mensaje de la fiscal
Por la noche, la Fiscalía envió un comunicado en el que la fiscal de la CDMX informa que “trabajos de gabinete y campo lograron obtener oportunamente la orden judicial de cateo, ubicar y detener al ciudadano Cuauhtémoc “N”.
Ayer mismo, tras ser certificado médicamente, fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde fue requerido por la Juez Décimo Séptimo Penal, fijo la abogada.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actuó con pleno apego a la Ley y respetando en todo momento los derechos del probable responsable, aseguró.
La orden de aprehensión, el ejecutable, al tratarse de un delito grave y dado que los recursos legales que se han interpuesto para combatirla, no han modificado ni suspendido el mandamiento judicial.
Recordemos que esta orden de aprehensión fue el resultado de una revisión minuciosa e integral de todas las actuaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de Justicia, donde quedó en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia.
Esto tiene su origen en la denuncia presentada, relacionada a un trabajo de investigación periodística.
Del estudio técnico jurídico del expediente del caso, se desprendió la ausencia de actos dirigidos al esclarecimiento de los hechos o bien, actuaciones defectuosas como: declaraciones victimales insuficientes, omisión de actos de investigación, deficiente búsqueda respecto a la red de vínculos realizada por la Policía de Investigación, ausencia de diligencias periciales, así como hubo filtraciones de datos.
“Como lo he sostenido desde el inicio de mi actuación como Procuradora y ahora como Fiscal General, la víctima está en el centro de nuestro quehacer institucional”, afirmó.
Aplicando la perspectiva de género y de Derechos Humanos, fue imprescindible realizar la verificación de los hechos, así como buscar y revelar pública y completamente la verdad, añadió.
“Las pruebas y las evidencias son lo único que le da sustento a la acción del Ministerio Público.
“Hago un llamado a otras posibles víctimas. Les reitero: ténganos confianza, denuncien, estamos preparadas para protegerles, para investigar y para abrirles la puerta de la justicia.”
