Jorge Meléndez Preciado
Tiene razón el maestro Lorenzo Meyer: López Obrador ha tratado de hacer un cambio de régimen, pero los enemigos internos son demasiados y es casi imposible en seis años o más barrer toda la basura enquistada en la burocracia.
También, y aceptó que me equivoque en el título de un artículo, este no fue un crimen de Estado, como insiste Alejandro Encinas, sino de un régimen de lo más corrupto y putrefacto que hemos tenido, el de Enrique Peña Nieto, que debe ser llamado a cuentas en lugar de esconderse en España, donde incluso le rechazaron la nacionalidad.
El artículo de Peniley Ramírez (Reforma, 24 de septiembre), que revela partes testadas en el informe de Encinas, descubre asuntos que debieron guardarse para el juicio y no darse a conocer antes.
Pero ya sabemos que el periodismo exige rapidez, presentar lo novedoso y preservar el secreto de la fuente. Aunque en muchas ocasiones un informante poco confiable puede dar al traste con una investigación a fondo.
A esto se ha sumado que el juez Samuel Ventura, quien ha liberado a decenas de personas, recientemente ya no procesará por haber declarado bajo tortura a 24 personas, incluyendo 18 militares. Algo realmente no casual, dados los tiempos que vivimos.
Ello cuando están indiciados por el caso de Iguala- Ayotzinapa, el general, José Rodríguez Pérez, y el capitán, José Martínez Crespo, entre otros miembros de las Fuerzas Armadas.
Los cuales han sido defendidos en los medios desde el primer momento, señalando que la indagación amplísima de Alejandro, realizada a 115 testigos y donde se investigaron 80 millones de llamadas, únicamente tomó en cuenta los testimonios del llamado Cabo Gil (Gildardo López Astudillo), quien proporcionó la información relevante (sic convenenciero).
Esto ha traído una gran indignación de los padres, abogados (Vidulfo Rosales, en primer lugar), de los estudiantes y de muchos ciudadanos que estamos porque se aclare a fondo el asunto, se descubra dónde están los cuerpos de los estudiantes y se enjuicie a los militares.
Este grupo Verde que ha logrado gran importancia en el país tiene muchos callos que les pisen. No hay que referirse sólo al general José Hernández Toledo, el cual entró a las instalaciones de varias universidades: Michoacán y Sonora- herido, por cierto, en Tlatelolco-; al caso de 1968 y el estado Mayor Presidencial y a la preparación del ejército (Manuel Díaz Escobar) en el 10 de junio de 1971; ni a los casos de Aguas Blancas, Tlatlaya y Atenco; también a las relaciones con el narco, recordemos a quienes estuvieron presos y colaboraron con la Guerra Sucia: los jefes militares: Agustín Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, de los más conocidos.
El primero, Acosta Chaparro, incluso fue asesinado cuando intentaba un acuerdo entre narcotraficantes para seguir adelante con sus negocios ilícitos.
López Obrador tuvo que ser intermediario para la liberación del general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, preso en Estados Unidos, que seguramente tiene conocimiento del asunto de la desaparición de los 43 normalistas.
Pero alguien que no ha movido un dedo es el muy cuestionado Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el cual debería haber realizado un trabajo exhaustivo, antes de que se nombrara a Alejandro Encinas para esta tarea que resulta casi imposible de lograr si no se sacude el árbol que protege a muchos delincuentes civiles y uniformados.
Por desgracia ya renunció el Fiscal de este asunto que continúa lastimando profundamente al país, Omar Gómez Trejo.
El clamor de justicia y verdad y dónde están los muchachos normalistas no cejará, pero es indispensable que haya una limpia a fondo en muchos lugares, especialmente en la FGR y entre los encargados de procurar justicia.
Nuestra apoyo y solidaridad con los padres, familiares y quienes siguen luchando por la verdad y en contra de la represión.
@jamelendez44
