Ha dedicado al tema más de 40 minutos durante los últimos días en sus tradicionales conferencias mañaneras. Más allá de las florituras de su retórica, el mandatario afirmó que su gobierno no espía y que quien diga lo contrario le calumnia.
Yo soy uno de los dos periodistas señalados de lesionar al mandatario. También soy una de las tres víctimas, junto con Raymundo Ramos, que tomó la decisión de denunciar a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno federal por haber descubierto nuestros dispositivos celulares con el malware Pegasus durante los años 2019 y 2020.
Me tomó al menos tres meses la decisión de dar la cara públicamente para narrar la afectación personal y familiar derivada de este espionaje. Consideré, con el mejor balance posible, la pertinencia de dar a conocer no solo el despojo de intimidad que significa la infección de este malware, sino los datos de prueba que apuntan hacia las autoridades militares de mi país como responsables de este delito.
Tomé la decisión de participar en esta denuncia, primero, porque la evidencia es suficientemente robusta como para presentarla ante la autoridad. Pero también porque, después de mucho reflexionarlo, ponderé —en conversación familiar— que al hacerlo así nos protegeríamos de futuras agresiones y elevaríamos los costos para que en este o cualquier otro gobierno decidieran espiar a quienes ejerzan el periodismo.
Desde luego que entre los escenarios previsibles llegué a calcular la sobrerreacción del presidente López Obrador, quien padece una tolerancia muy pobre ante los cuestionamientos que se le hacen a propósito de las Fuerzas Armadas. Cabía suponer que esta denuncia sería desestimada a partir de argumentos presuntamente duranteideológicos, como los que se han utilizado hasta el hartazgo los últimos cuatro años para estigmatizar a quien se encuentra distante de sus afectos políticos.
Sin embargo, acaso con ingenio, supuse también que dada la solidez de las pruebas en mi poder el mandatario podría reposar la información para actuar con la estatura que le exige su cargo como jefe del Estado mexicano y obligar a que las Fuerzas Armadas rindieran cuentas respecto de estos hechos.
La reacción presidencial desplegada durante estos días no solo confirma la candidez que me llevó a creer en una actitud distinta, también anuncia que, a partir del discurso presidencial, las Fuerzas Armadas están en absoluta libertad para continuar espiando a civiles y que, en adelante, la dificultad para denunciar tales arbitrariedades será aún más grande.
En julio de este año tuve como primera noticia de que podía estar siendo espiado un mensaje de voz dejado en el dispositivo celular de mi hijo de 12 años, en el cual, con tono amenazante, se hacía referencia a su nombre, al mío y al de mi padre. Días después se publicó en redes sociales una conversación privada , sostenida poco más de dos años atrás, con un oficial del Poder Judicial de la Federación.
Ambos hechos me convencieron de la necesidad de hacer que mi dispositivo celular fue analizado por Citizen Lab, el laboratorio más prestigiado en el mundo para detectar infecciones con el programa Pegasus.
Esta instancia estableció la sospecha desagradable al señalar que ese aparte había sido en cuatro ocasiones distintas durante los años 2019 y 2020. El diagnóstico forense no dejó lugar a dudas.
El programa Pegasus es desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group, cuyos representantes legales han comparado en diversas ocasiones y ante distintos comités de investigación internacionales por sospecha de espionaje ilegal. Destaca, por ejemplo, la audiencia convocada por un comité especial de investigación de la Unión Europea.
En sus alegatos, los representantes de NSO Group afirman dos cosas relevantes: que este programa solamente se vende a los gobiernos, las agencias de inteligencia y las dependencias responsables de la persecución de delito, y que el padrón de clientes es validado por el gobierno de Israel. En otras palabras, la infección sufrida por las tres víctimas que denunciamos la más reciente infección de Pegasus no es objeto de espionaje privado.
En mi caso, la primera fecha de infección aporta un elemento clave sobre la institución del gobierno mexicano responsable del espionaje. Esta ocurrió alrededor del 30 de octubre de 2019. La fecha coincide con una serie de entrevistas otorgadas a más de 20 medios nacionales e internacionales a propósito de la publicación de mi libro Hijo de la Guerra , el cual es un relato de no ficción dedicado a la defección de una veintena de militares de élite que, a finales del siglo pasado, cruzaron hacia las filas de la ilegalidad para integrar, primero, el brazo armado del muy peligroso Cártel del Golfo y luego para formar un grupo paramilitar, conocido como Los Zetas , el cual se encuentra en el origen de la tremenda violencia que México ha sufrido durante las dos últimas décadas.
Este elemento apunta en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional como primera interesada en practicar el espionaje. A esta información se agrega el hecho de que, en 2019, esta misma dependencia haya adquirido un programa para “monitoreo a distancia” (un eufemismo para radiación al espionaje) a través de la empresa Antsua , la cual es la única representante en México de Grupo NSO. Destaca también como problemático el hecho de que la Secretaría de la Defensa continúa hasta esta semana negando los contratos vigentes con esa misma compañía.
No hay calumnia posible cuando se poseen elementos de prueba y menos aún cuando se han presentado ante la FGR con la pretensión limpia de que sean investigados.
Ese es el derecho mínimo al que apelamos a las víctimas de este presunto espionaje de Estado. Merecemos la verdad, protección para nuestras vidas y nuestra privacidad, y también paz para nuestros familiares.
Sin embargo, el jefe del Estado mexicano, en vez de procurar la tutela debida, nos ha acusado de ejercer la calumnia, de ser enemigos ideológicos de su gobierno y de ejercer profesionalmente sin ética ni propósitos legítimos.
La experiencia de desamparo frente a lo ocurrido es grande, pero no es más grande que el temor sembrado sobre los tiempos por venir donde las Fuerzas Armadas mexicanas pueden invadir la vida privada y la libertad de las personas sin tener que rendir cuentas a nadie.
