Mouris Salloum George
El correcto ejercicio presupuestal en tiempo y forma contribuye a una eficaz función de gobierno. En medio de una sequía prolongada, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –el organismo federal, rector en México- los diputados le asignaron un presupuesto de 62 mil 674 millones de pesos (mdp), para el año 2024, con un recorte de 12% respecto del 2023, que fue de 71,600 mdp. Especialistas calculan que la Comisión requiere por lo menos el doble.
El año pasado, el presupuesto al sector ampliado -para atender la crisis hídrica y aspectos relacionados con el cambio climático- tuvo un recorte de 35 mil mdp. Le habían otorgado un monto de 187 mil 968 mdp, pero solo ejercieron 152 mil 463 millones. El resto fueron reasignados.
Dada la magnitud de la crisis hídrica que enfrenta el país -con 1,613 municipios afectados por sequía severa, casi dos terceras partes del total nacional- estimaciones de especialistas calculan que el panorama podría complicarse. Requieren que el gobierno invierta más recursos para atender las urgencias de infraestructura y programas estratégicos.
Los recortes, reasignaciones y subejercicio presupuestal han sido algo común en la administración pública mexicana. En este sexenio, por su declarada política de “austeridad”, y por sus prioridades políticas, todo parece indicar que se han llevado al extremo esos vicios en la función de gobierno.
Cada año se repite la misma historia. El gabinete presenta su paquete presupuestal al Congreso, con proyecto de presupuesto y ley de ingresos, en tiempo y forma. Los diputados analizan, negocian, reasignan y aprueban. Todo eso en medio de altas presiones y a veces chantajes de funcionarios, líderes políticos o grupos de interés. Se vuelve un verdadero campo de batalla, tradicional.
Todo eso para que en el ejercicio anual, el Ejecutivo federal altere los términos y las partidas, sin mayores explicaciones y sin rendición de cuentas.
Cuando los funcionarios alteran el ejercicio presupuestal, en los cálculos preestablecidos, pueden ocasionar daños de diversa magnitud, además de incurrir en responsabilidad administrativa.
Más allá de las consecuencias punibles que pudieran resultar, de conformidad con el marco jurídico, los impactos del incumplimiento pueden causar importantes daños en los rubros afectados.
En lo relativo a la crisis hídrica, por la sequía prolongada y por el calentamiento climático, además de estos factores, es claro que México está cosechando los efectos negativos de haber descuidado la inversión pública y privada en el sector.
Toda esta crisis también ha sacado a relucir la falta de supervisión y la corrupción de la autoridad regulatoria, que resulta en sobreexplotación de pozos; robo del vital líquido; falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica, con las resultantes fugas; permisos irregulares a particulares; privatización paulatina y comercialización creciente, ilegales e inconvenientes para las mayorías del país.
Todo eso a costos mucho mayores para todos, pero con efectos muy dañinos en la economía y la salud de los sectores más pobres. Esto porque reduce la producción de alimentos, causa inflación y provoca desnutrición. Esa es la ecuación.
El país acaba pagando doble, presupuestalmente, por tales descuidos.
Urge que se regularice el ejercicio presupuestal en los términos aprobados, legales; que se prohíban los recortes y que se castigue el subejercicio o las reasignaciones.
Los funcionarios tienen que rendir cuentas de su mal desempeño.
El Poder Legislativo también tiene que hacerse valer. Qué caso tiene, entonces, pasar todos los obstáculos para la aprobación de las partidas, si al final el Ejecutivo dispone conforme a sus prioridades y agenda política… Y todos callados.
