Palacio Legislativo, 9 de julio (Notilegis).- El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, resaltó la necesidad de armonizar el marco jurídico nacional con los tratados internacionales para proteger los derechos de esas comunidades.
Aseguró que existe voluntad política del gobierno federal para construir acuerdos con las comunidades indígenas de Chiapas y el resto del país, en consonancia con los acuerdos de San Andrés, para reivindicar a los pueblos como entidades de derecho público, “como sujetos y no como objetos”.
“Hemos hecho un análisis comparado de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que hoy existen y que no estaban presentes con el sustento que tienen ahora a nivel constitucional e internacional; que no lo tenían en el (año) 95 y 96 que se propusieron los diálogos”, de San Andrés Lárrainzar, afirmó.
El funcionario federal acudió a la instalación de la Comisión Bicamaral para el Diálogo y Conciliación del estado de Chiapas, en San Lázaro.
Señaló que la autoridades federales trabajan en un análisis comparado de la iniciativa original de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y convenios internacionales, a fin de que se construyan consensos que garanticen el desarrollo indígena.
“El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) durante la marcha y los primeros comunicados que hicieron durante este año plantea una tesis muy puntual, dice, cumplan con lo acordado”, recordó Martínez Veloz.
La primera instancia legislativa para Chiapas se creó en marzo de 1995 como Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), luego que el 1 de enero de 1994 surgió a la luz pública en esa entidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Tras intensas negociaciones, el EZLN y el gobierno federal firmaron el 16 de febrero de 1996 los llamados Acuerdos de San Andrés sobre derechos y Cultura Indígena.
En esos acuerdos el gobierno federal se comprometía a modificar la Constitución Política para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en materia de justicia e igualdad y el 27 de abril de 2001 se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley de Derechos y Cultura Indígena.
Sin embargo, el EZLN cuestionó y rechazó esa reforma constitucional por considerarla insuficiente y ha insistido en que se apliquen de manera íntegra los acuerdos suscritos en San Andrés, Chiapas.
Al ser cuestionado sobre la aparición de policías comunitarias en distintos puntos del país, dijo que es un tema que se encuentra en “el limbo”, al no existir un marco normativo a nivel nacional que permita regularizarlas y añadió que en la iniciativa original de la Cocopa si existía.
Dijo también que “la iniciativa de la Cocopa se planteaba con claridad que se reconocerían los sistemas normativos o de usos y costumbres, siempre y cuando estos garantizaran el pleno derecho de las mujeres en materia de derechos humanos y que estos sistemas normativos deberían estar convalidados por el sistema jurisdiccional mexicano”, afirmó.
