Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron un informe sobre la situación de los derechos humanos en México y pidieron al Estado mexicano acatar recomendaciones sobre el tema, reportó hoy Proyecto 40
En rueda de prensa en la que presentaron un informe que entregarán en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre próximo, durante la segunda ronda del Examen Periódico Universal a México, dijeron que en 2009 se emitieron 91 recomendaciones al Estado mexicano las cuales no se han acatado de manera efectiva.
En el texto dan cuenta de la situación del país en materias de armonización legislativa, pobreza, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, acceso a la justicia y reforma judicial, sistema penitenciario, seguridad pública y militarización.
Además, casos de desaparición forzada y tortura, situación de los pueblos indígenas, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, migrantes, mujeres, juventudes e infancia.
El documento fue elaborado por 30 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas” y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
Respecto a los defensores de derechos humanos y periodistas, cita cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), según las cuales 98 por ciento de los ataques y agresiones a este sector han quedado impunes.
Según el informe, de 2009 a mayo de 2012 ocurrieron 44 ejecuciones extrajudiciales, 45 desapariciones forzadas y 309 privaciones de la libertad en contra de defensores de los derechos humanos.
En 2010, añade, se documentaron agresiones a 139 periodistas y 21 medios de comunicación en 25 entidades, de los que 13 ataques fueron con explosivos y armas de fuego.
Las organizaciones de la sociedad civil lamentan que, en cuanto a la desaparición forzada y la tortura, el Estado mexicano no tenga certeza del número de víctimas, y atribuyen a que en diversas ocasiones hay negativa a reconocer la desaparición como tal y la clasifica en un delito distinto.
Ejemplifican que sólo en el estado de Chihuahua, de enero de 2008 a marzo de 2012 se interpusieron 171 denuncias por desaparición, sin que a la fecha exista sentencia por estos hechos.
En materia de seguridad pública y militarización, indican que de 2007 a la fecha se ha incrementado en 68 por ciento la cifra de casos de uso de personal militar.
Con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refieren que de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 esa instancia recibió siete mil 441 quejas por presuntas violaciones a las garantías fundamentales cometidas por personal de las fuerzas armadas.
En la presentación, las organizaciones de la sociedad civil llamaron al Estado mexicano a que dé a conocer el informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
