La Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, y el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, de la Secretaría de Gobernación, suscribieron un convenio de colaboración, a fin de agilizar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en nuestro país y de aprovechar de manera óptima los recursos federales destinados para el efecto.
A partir de la firma de este convenio se coordinarán los siguientes aspectos:
- Estrategias para el desarrollo conjunto de programas de planeación, capacitación, difusión, reorganización, infraestructura, equipamiento, tecnologías de la información y comunicación, así como normativos, que permitan la homologación de criterios de asignación, ministración, ejercicio de los recursos federales, rendición de cuentas y evaluación, enfocados a fortalecer la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
- Colaboración en las reuniones y mesas de concertación con las Entidades Federativas para que inviertan recursos federales conforme al NSJP.
- Información con respecto a las metas programadas.
- Verificación de avances físico-financieros, cierres documentales de metas, homologación de equipamiento y demás, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para los ejercicios fiscales subsecuentes, con la finalidad de fortalecer los procesos de planeación y concertación.
- Lograr avances y resultados del Programa con Prioridad Nacional NSJP para las Entidades Federativas.
Este Convenio responde a la instrucción presidencial de lograr una coordinación sistemática de las acciones que realizan las instancias públicas a fin de cumplir las metas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Como lo ha señalado el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la unidad de esfuerzos y el trabajo conjunto permite dotar de mayor equipo, capacitación e infraestructura a las instituciones de seguridad pública operadoras del nuevo Sistema Procesal Penal de Corte Acusatorio y con ello dar cumplimiento al mandato constitucional de materializar la reforma penal en nuestro país.
