La evaluación a la que, seguramente, serán integrados los maestros de todo el país deberá ser formativa no punitiva, nosotros consideramos que está bien en los términos planteados por el Ejecutivo, con dos supuestos: para los de primer ingreso, y segundo, para aquellos que están ya en servicio, declaró el senador Juan Carlos Romero Hicks en el marco de la reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Para quienes ya están en servicio sus derechos laborales serán respetados, y para quienes sean de nuevo ingreso está previsto que prevalezca como interés superior al calidad de la educación para niños y jóvenes.
Al preguntarle si ha conversado con su coordinador parlamentario acerca de esta posición el legislador panista respondió que conoce como Cámara de origen a la de los Diputados, tiene un dictamen y están evaluando en la Comisión de Educación si eventualmente le hacen algunos ajustes a manera de adéndum o anexo, como ya se hizo en el caso de la Ley General de Educación y en la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Al preguntarle la prensa si considera como pérdida de tiempo las reuniones con los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, el senador reiteró que las reformas emprendidas a varios artículos constitucionales no serán abrogadas y así se les ha hecho saber y, básicamente, porque ya fueron expedidas por el Congreso, aceptadas por la mayoría de las legislaturas estatales; aunque, abundó, este es el momento de que viertan sus propuestas a la redacción del la Ley del Servicio Profesional Docente.
Romero Hicks negó que se esté perdiendo tiempo porque “nosotros lo que hemos insistido es en que lleguen propuestas. Reflexiones, consideraciones epistemológicas o de filosofía de la educación siempre serán bienvenidas. En este momento lo que hay es un dictamen y ese dictamen en su caso tendrá que ser considerado porque es el tiempo de la Cámara de Diputados y por eso necesitamos en su caso tener redacciones específicas, no solamente reflexiones.”
El hecho de haber llegado toda la situación hasta este fin de semana de ninguna manera quiere decir que haya presiones sobre los legisladores, el panista respondió que únicamente la presión aceptada es la de darle cumplimiento a la Constitución y recordó que desde el lunes pasado ya hay un dictamen de la Comisión de Educación y lo que los legisladores están escuchando es si hay redacciones específicas de propuesta.
De acuerdo con el senador por Guanajuato lo que ocurre es que la Coordinadora trae tres temas: primero, quiere hacer una reflexión sobre una propuesta de reforma educativa y ésa siempre será bienvenida, porque lo que estamos haciendo en este momento es apenas el inicio preliminar de la reforma educativa; el ajuste de base jurídico, administrativo y de carácter político.
El segundo tema que tienen tiene que ver con el Servicio Profesional Docente, al menos hasta donde tengo noticia no han entregado una sola aportación en blanco y negro de propuesta específica, y la tercera es una preocupación que ellos tienen y que siempre habrá que revisar, de que no se conculquen derechos laborales.
No compartimos, por ejemplo, señalo, que se vaya a privatizar la educación, ni siquiera está en nuestra agenda, así como tampoco habrá afectaciones de derechos laborales, pues el texto de la Constitución nos obliga, y así quedó, que la evaluación es obligatoria y se hace un respeto irrestricto a los derechos laborales constitucionales y ese es el juicio de valor que tenemos que conservar.
De acuerdo con el proceso legislativo, abundó el legislador de extracción panista, Es inminente que la Cámara de Diputados procederá sobre estos puntos en su periodo ordinario, a iniciarse mañana primero de septiembre, porque el Reglamento Interno de la Cámara establece con toda precisión que cuando hay un dictamen pendiente de un asunto extraordinario, como es el caso, se turna a la plenaria en sesión ordinaria; entonces el turno es inminente.
la Ley del Servicio Profesional Docente no es una ley laboral porque establece con toda detalle la separación entre asuntos administrativos y aspectos de carácter laboral; hay que interpretar en contexto, qué es lo que aplica el artículo 123 y sus leyes reglamentarias, porque en algunos casos el régimen laboral es la Ley Federal del Trabajo para algunos de ellos, y en otros casos es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; una posición que, entre otros el Partido de la Revolución Democrática ha insistido, es que no se haga de esto una ley laboral y ese espíritu está permeando en la discusión.
Entonces no hay absolutamente ninguna inserción con ese espíritu de que sea una ley de carácter laboral, sino que sea una ley a favor del profesor y a favor del educando; a favor del profesor en el sentido de que garantice poco a poco una mejor formación inicial y reglamente los términos de ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción del personal docente, pero no pretende ser la ley laboral, para eso en general aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece con toda claridad cuáles serían eventualmente las causas de recisión de contrato.
Poco después destacó que dejar de ir a clase no es un derecho laboral, como lo han estado realizando los maestros; llegar tarde a clase no es un derecho laboral; incumplir el programa de estudios no es un derecho laboral; entonces tenemos también que trazar normalidades mínimas. En la normalidad mínima de más de 90 por ciento del país, el lunes 19 de agosto los maestros llegaron a clase, asisten a tiempo y están integrados con sus comunidades de aprendizaje, eso es lo que esperaríamos de cualquier maestro.
