Como consecuencia de la controvertida decisión del Tribunal de Quintana Roo para darle luz verde a los contructores del megaproyecto comercial Dragon Mart Cancún, en el senado de la República el panista Daniel Ávila Ruiz demandó investigaciones hacia los funcionarios municiplaes que por negligencia permitieron corriera el tiempo y abrieron la puerta a la llamada “afirmativa ficta” para esta propuesta que amenaza con ocasionar graves daños a la economía de la península de Yucatán y del resto del país.
Además, señaló que corresponde a las autoridades del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, impugnar la resolución dictada por la sala constitucional y administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que aprobó el desarrollo del proyecto luego de que el ayuntamiento correspondiente no respondió en tiempo y forma la solicitud de licencia de construcción de Dragon Mart.
El legislador yucateco reiteró la necesidad de que el gobierno de Quintana Roo transparente el convenio firmado con la empresa, en el que se compromete a otorgar al proyecto un paquete de apoyos, entre los cuales se incluye la disminución en el pago de los derechos ante el registro público de la propiedad, un descuento sobre los derechos de conexión de agua potable y alcantarillado y una prórroga en el pago del impuesto sobre nóminas durante el periodo de consolidación.
El convenio también abarca apoyos para que sea la autoridad local la que financie la licencia de construcción y los trámites necesarios para cumplir con las directrices del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que tendrá que ser modificado para permitir el desarrollo del proyecto, indicó el Senador.
Ávila Ruiz solicitó de nuevo tanto al Gobierno de Quintana Roo como a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal evaluar rigurosamente las implicaciones que representa el proyecto citado no sólo en materia de empleo, sino en el desarrollo de importantes sectores industriales y del turismo.
En materia de sustentabilidad, el senador por Yucatán destacó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), ya demostró que tanto el centro comercial como el área habitacional adjunta que se pretenden construir implican una amenaza directa al ambiente por la construcción de las carreteras, el dragado del arrecife coralino, el mal manejo de desechos sólidos, la movilización de vehículos y la falta de infraestructura para la dotación de servicios básicos.
Los promotores del proyecto “Dragon Mart-Cancún” presumen que se crearán cinco mil empleos directos, pero el senador Ávila Ruiz precisó esos puestos de trabajo no serán para mexicanos, sino para chinos.
En el gigacentro comercial además de calzado, ropa y aparatos electrónicos, venderán todo tipo de muebles y equipos para hoteles, restaurantes, hospitales y domésticos, y hasta materiales para construcción.
Recordó que el proyecto Dragon Mart ha sido muy controvertido desde que se anunció que un grupo de empresarios chinos invertirían 200 millones de dólares para instalar tres mil locales comerciales, 20 mil metros cuadrados de bodegas y 65 mil metros cuadrados de áreas verdes, así como casas, restaurantes y bancos en Cancún.
Así, se planea que el área de exhibiciones y venta de productos, los almacenes y las cuatro mil viviendas en donde se alojarán los ciudadanos chinos que vendrán a trabajar al complejo comercial, se instalarán en un predio de 84 hectáreas.
El gobierno chino está apoyando la construcción de nuevas zonas económicas en todo el mundo, áreas diseñadas para atraer inversiones, principalmente de empresas manufactureras. Al menos 20 países africanos albergan estaciones agrícolas creadas por empresas chinas.
El Senador Ávila Ruiz comentó asimismo que representantes de las delegaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Sur-Sureste, solicitaron ya al gobierno de Quintana Roo revertir las autorizaciones que se hayan expedido, pues argumentaron que éste proyecto desplazará a las empresas mexicanas y aumentará el desempleo.
