En el marco de la discusión de la Ley Federal de Competencia Económica, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, destacó la necesidad de construir un nuevo diseño institucional para proteger los derechos de los consumidores contra el “abuso de poderes fácticos o de las mismas autoridades”.
En este sentido, el legislador presentó una iniciativa para crear una fiscalía especializada en delitos contra la competencia y las relaciones de consumo.
Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Competencia Económica, mediante la investigación y persecución penal de delitos claramente tipificados como atentatorios a la competencia económica y a las relaciones de consumo.
Ríos Piter refirió que de acuerdo con la OCDE, en promedio, el 30 por ciento del gasto de las familias mexicanas se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia. Más aún, el 10 por ciento más pobre, gasta alrededor de 42 por ciento de sus ingresos en mercados monopólicos y oligopólicos.
Esta situación, dijo, se agrava cuando los precios de los productos de la canasta básica -como la leche, la carne y las medicinas- aumentan a consecuencia de la especulación y el acaparamiento.
“Si no logramos ir en contra de estos actores que, de manera oligopólica, siguen beneficiándose de los precios que logran establecer en servicios y en productos de la canasta básica, entonces no lograremos verdaderamente garantizar que haya bienestar en el bolsillo de la gente,” aseguró Ríos Piter.
Refirió que con la reforma constitucional de junio de 2013, se le otorga autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para garantizar la libre competencia y
concurrencia entre las empresas, evitar las prácticas monopólicas y lograr un adecuado funcionamiento de los mercados nacionales.
Sin embargo este organismo, dijo, no es la única instancia responsable de ejercer funciones para combatir los monopolios y oligopolios en México. Además, la Cofece no es un órgano responsable de sancionar este tipo de delitos.
Consideró indispensable que la Procuraduría General de la República tenga atribuciones para investigar y perseguir infracciones cometidas contra la competencia económica y las relaciones
de consumo.
De acuerdo con la propuesta, la Fiscalía podrá solicitar la autorización para conocer las actividades y prácticas empresariales de personas físicas o jurídicas con control primordial deun mercado sustancial para un determinado producto o servicio, incluyendo los datos y documentos que tengan carácter confidencial.
Además, el senador por Guerrero sugirió que este órgano pueda coadyuvar con la Cofece en las investigaciones preliminares, sobre supuestas violaciones de orden económico, y conocer los resultados de aquellas en las que no coadyuve, a efecto de iniciar las indagatorias pertinentes.
También planteó que el Ministerio Público se coordine con la Comisión Federal para el cumplimiento de sus funciones en la materia y que el Procurador General de la República asista a las reuniones de la Cofece, a fin de coordinar la investigación de estos delitos.
La iniciativa, que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es analizada en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado.
