La migración es un fenómeno social que requiere de los más amplios preceptos jurídicos para velar y garantizar los derechos humanos de quienes, por distintas razones, tienen que salir de su país, la mayoría de las veces en búsqueda de mejores condiciones de vida y su paso por México, es un verdadero “calvario”, señaló la diputada de Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que incorpora a la Ley de Migración los preceptos en la materia de la Constitución Política y los tratados internacionales, como marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes en su paso por México.
Al posicionar Garfias Gutiérrez expuso que nuestra posición geográfica ha convertido a nuestro país en un paso necesario y obligatorio para millones de personas que pretenden llegar a los Estados Unidos de América. Sin embargo, “debemos reconocer que las circunstancias en las que los migrantes transitan por nuestro territorio se han convertido en un verdadero calvario para hombres, mujeres e infantes que desean lograr el sueño americano”, dijo.
La legisladora del estado de México refirió que aún y cuando no existe una estadística oficial de la población migrante en el país, se calcula que podrían rondar entre las 150 mil y 400 mil personas que anualmente ingresan al país en tránsito hacia Estados Unidos.
“Esta población flotante, sufre de abusos como las extorsiones, cobros más caros por servicios, asaltos, violaciones, secuestros, detenciones y deportaciones, engaños, trata de personas, enfermedades, accidentes, e incluso la muerte”, expresó.
Ante esta lamentable realidad, agregó, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor del presente dictamen porque se asume la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
La diputada del estado de México reiteró la exigencia de establecer la obligación de la PGR para coadyuvar en las investigaciones y persecución de delitos contra los migrantes.
El documento avalado por 426 votos a favor, cero en contra y una abstención, reforma los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración, surge de una iniciativa presentada por la diputada María Schroeder Verdugo (PRI) y se turna al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Consigna que además de los preceptos contenidos en la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano tomará en consideración la Carta Magna y los convenios y tratados internacionales firmados por México, en concordancia con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.
Esa legislación estableció que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
En las consideraciones se expone que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos dejaron el país por día, durante los últimos cinco años; y más del 50 por ciento de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de jóvenes y adolescentes.
Precisa que la Oficina de Censo de los Estados Unidos tiene registros de una población de alrededor de 33.7 millones de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de México y los 22.3 millones que nacieron en ese país.
Por su parte, las autoridades mexicanas señalan que actualmente los mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca de 52 millones de hispanos en Estados Unidos y el 11 por ciento de la población nacional.
Asimismo, el documento refiere que cada año unos 120 mil centroamericanos entran a México por su frontera sur, situación que “representa un desafío al marco y sistema de protección de los derechos humanos, ya que el país es cuestionado de manera reiterada por el trato dado a los migrantes centroamericanos.
