Tópicos Legislativos
Ignacio Álvarez Hernández
Ante las divergencias prevalecientes en la discusión de las cinco normas que comprenden la ley secundaria en materia político-electoral, las fracciones de PRI, PAN y PRD en el Senado, decidieron mandarla a la Cámara de Diputados en “pedacitos”, al aprobar en primer término la Ley General en Delitos Electorales.
La legislación enviada entrada la noche a San Lázaro, impone hasta 22 años de prisión contra quienes aporten recursos de origen ilícito, léase provenientes del crimen organizado o a quienes aporten montos superiores a los permitidos a precandidatos, candidatos, partidos, coaliciones o agrupaciones políticas.
Ello después del comprobado ingreso a campañas electorales de dinero sucio producto de extorsiones, secuestros, venta de drogas, entre otros, en Michoacán, que mantienen arraigados a un secretario de gobierno y dos munícipes “balconeados” en video en jocosas reuniones con el famoso “Tuta”, líder de los mafiosos “Caballeros Templarios”.
Aunque estamos ciertos que lo ocurrido en Michoacán es pecata minuta, del apoyo criminal permeado durante años en comicios en todo el país, sin duda lo aprobado en el Senado, podrá inhibir a precandidatos, candidatos y partidos, a recibir apoyos económicos del crimen organizado, infiltrado de tiempo atrás a nivel federal y estatal, no sólo en corporaciones policiales, sino en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales sin duda tardarán en ser “limpiados”.
El dictamen senatorial, prevé penas de 2 a 9 años de cárcel a funcionarios que amenacen a subordinados para obligarlos a participar en actos proselitistas a favor de candidatos oficiales o les pidan aportaciones, condicionen a la ciudadanía la prestación de un servicio, sobre todo en los programas sociales, o desvíen recursos públicos a fines electorales.
La misma impone al precandidato, candidato o funcionario partidista que aproveche con el mismo fin fondos públicos. Igualmente sanciona hasta con 7 años a cualquier ciudadano que altere listas nominales o falsifique documentos oficiales en la materia.
Finalmente castiga hasta con 6 años a quien presione a electores a votar en su favor, distribuya propaganda el día de la elección, obstaculice el desarrollo de los comicios o se abstenga de rendir cuentas de los recursos, mientras a quien retenga credenciales de elector o cambie dinero por votos, impida instalación de casillas o usurpe funciones, se le impone pena hasta de 3 años.
Con este dictamen los diputados “pastoreados” por Manlio Fabio Beltrones (PRI), Luis Alberto Villarreal García (PAN) y Silvano Aureoles Conejo (PRD), ya tienen “materia” para realizar su primer extraordinario, aunque deberán tener cuidado en la revisión de la rigurosa norma, pues aunque servirá para hacer justicia, puede prestarse para fraguar venganzas políticas… ya lo veremos.
