La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, consideró que el Instituto Nacional de Migración (INM) requiere una transformación radical de manera urgente para atender a los migrantes, especialmente a los menores no acompañados que pasan por la frontera en su destino a Estado Unidos, principalmente.
Indicó que la comisión que preside analiza modificar la estructura interna del INM en su marco normativo para actualizar, crear políticas públicas y gubernamentales que atiendan de manera profunda y no sólo coyuntural la crisis humanitaria, pues es una situación que se presenta en la frontera norte y sur del país.
La senadora del PRD atestiguó la presentación del diagnóstico al Instituto Nacional de Migración, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), que da a conocer la forma en la que funcionan las autoridades para enfrentar el problema y detalla las función del INM.
La presidenta del Insyde, Sonja Wolf, explicó que el diagnóstico señala la situación de actos de corrupción y violaciones a derechos humanos que se dan de manera recurrente, así como las prácticas formales e informales al interior del Instituto Nacional de Migración.
La evaluación, dijo, apunta a una necesidad urgente de reestructurar el Instituto, es decir, un cambio profundo y no sólo depuraciones, además se señalan anomalías como la falta de información sobre procesos de una errática comunicación telefónica, intentos de desincentivar amparos, denuncias y solicitudes de asilo o refugio.
En la revisión del INM, fueron detectadas deficiencias en la atención médica, protección a personas en situación de vulnerabilidad, maltrato verbal y físico; en algunos de los centros, se dan actividades ilícitas. El acceso de las organizaciones no gubernamentales a las estaciones migratorias es limitado por ser instancias de seguridad nacional.
El diagnóstico presentado por Sonja Wolf, señala la falta de un sistema formal de supervisión que permitiría que el Instituto se enterara de las acciones u omisiones del personal, irregularidades en el trato hacia los migrantes extranjeros, manejo de fondos, posible colusión del tráfico de migrantes, falta de sanciones efectivas por prácticas indebidas.
Insyde considera necesario crear una instancia ciudadana de vigilancia externa para fortalecer la rendición de cuentas del Instituto, ampliar el acceso a la información, incrementar la transparencia de su operación y constitución.
