Zócalo (Trasfondo)
José Vilchis Guerrero
Luego de haberse difundido la versión de la identificación genética de los restos humanos que corresponden a Alexánder Mora, uno de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, no resolvió uno de los principales motivos de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del gobierno.
Por el contrario, sembró más dudas sobre el paradero de los estudiantes, no sólo entre sus padres, sino en la sociedad, al darse a conocer un comunicado del Equipo Argentino de Antropología, que coadyuva con el gobierno mexicano en el caso, al señalar que este grupo de peritos no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR los recuperaron del río San Juan, en una bolsa y que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación.
En la investigación, como es sabido por quienes participan en la búsqueda de información genética, tienen que cuidarse los protocolos en lo que se denomina cadena de custodia que se debe observar por quienes tienen la responsabilidad en la Procuraduría General de la República. Es muy evidente la falta de voluntad para resolver el caso.
El mensaje es claro: no hay una seguridad plena sobre una parte de esta cadena de custodia de los restos humanos que fueron identificados.
Y por otra parte, es notoria también la ausencia de los otros poderes de la Federación frente al Ejecutivo, metido hasta el fondo en un brete que ha repercutido en el exterior. En el Legislativo se ha denunciado ya “la línea” que recibieron los de la bancada del PRI en el Congreso de la Unión y el Judicial, por boca de su presidente, Juan Silva Meza, hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación, para que atienda las exigencias de justicia de la sociedad.
“Ante hechos dolorosos y lamentables, la sociedad ha expresado su inconformidad con la situación que prevalece en materia de justicia del país”, reconoció ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al rendir un discurso en el marco de su informe anual de labores –el último- al frente del máximo tribunal del país.
“El Poder Judicial de la Federación no será nunca ajeno a lo que pasa en la sociedad, y como parte del Estado mexicano llevará a cabo las acciones que le correspondan en respuesta al llamado formulado. La sociedad debe estar segura de que quienes estamos al cargo de prestar el servicio público de impartir justicia participaremos en el cambio de rumbo que todos consideramos oportuno”, afirmó Silva Meza, también titular del Consejo de la Judicatura Federal.
Se refirió Silva Meza a la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, por parte de policías municipales, que ha desatado protestas masivas, en México y otros diez países de América y Europa para exigir justicia y manifestar repudio a la actuación de las autoridades. Silva Meza reprobó las violaciones graves a derechos fundamentales cometidas por quienes deberían brindar seguridad a la población y no será el silencio de las instituciones lo que permita superar la adversidad.
Así, en el papel, en la oratoria, en el mensaje político, se enarbolan buenos deseos que nada tienen que ver con la desconfianza de la sociedad a las instituciones; esta sociedad que no sólo pide, exige justicia, la reclama en las calles, en la airada protesta callejera, a gritos, mientras el silencio de las autoridades es manifiesto y ajeno a los reclamos populares. Ya está a unos días 2015, año electoral, y será entonces cuando los partidos, también ausentes del caso, asumirán su culpa.
