Tras la puerta del poder
– El subsecretario de Gobernación Luis Miranda fue a Guerrero a dar un mensaje a la nación
– El Senado aprobó finalmente la reforma para acotar el endeudamiento de estados y municipios
– Al advertir que existe una crisis de confianza, el auditor José Manuel Portal pide prudencia y sensatez
Roberto Vizcaíno
Nadie que viva de cerca el sistema político mexicano ignora la cercanía que existe entre el subsecretario de Gobierno de Gobernación, el mexiquense Luis Enrique Miranda y el presidente Enrique Peña Nieto.
Hay incluso quienes creen que por esa cercanía, Miranda es en realidad el operador político directo de Peña Nieto.
Si eso es cierto, entonces el secretario Miguel Ángel Osorio Chong estaría atendiendo los temas de la política nacional mientras que Miranda es quien entra a resolver los problemas focalizados, y quien habla, se compromete y actúa con la voz y voluntad directa del principal habitante de Los Pinos.
Es importante resaltar lo anterior en el momento en que en el país estallan los conflictos y los reclamos con una frecuencia y nivel, que bien podrían responder a intereses muy ajenos de lo que se dice los motivan
Un ejemplo es la manipulación que algunos representantes de organizaciones no gubernamentales, y los de la CENTE, hacen de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Estos traen a los dolidos padres en marchas, mítines, asaltos a casetas de peaje, cierres de autopistas y carreteras, en conferencias de prensa contra el Gobierno Federal y hasta en encuentros de comités de la ONU como el ocurrido en semanas pasadas cuando algunos aparecieron en un encuentro en Ginebra.
Pero hay otros muchos eventos que surgen de la noche a la mañana e igual desaparecen.
Uno de ellos fue la súbita aparición de miles de maestros oaxaqueños apenas la semana pasada para una toma-secuestro del centro de la Ciudad de México que buscó crear inseguridad, confrontación y represión.
Cerca de todo esto ha estado como apagafuegos el subsecretario Miranda, quien de nuevo apareció ayer en Guerrero para un encuentro con habitantes de Petaquillas, el Ocotito y Xaltianguis a fin de recoger directamente sus demandas.
En ese encuentro el funcionario subrayó que el Gobierno de Peña Nieto acudirá cuantas veces sea necesario y dónde se le reclame, para privilegiar al dialogo y los acuerdos.
Prometió que las fuerzas de seguridad nacionales que operan en una treintena de alcaldías de esa zona de Guerrero, entre miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal, estarán siempre a ujetas al orden jurídico.
El Subsecretario de Gobierno dijo a los pobladores de Petaquillas, el Ocotito y Xaltianguis que las acciones de la policía comunitaria se deben ajustar al marco jurídico y al esquema operativo de las policías Federal, Estatal y Municipal.
El mensaje está enviado.
Y si es cierto lo que decimos al inicio, viene del nivel más alto. Un intento de bajar a los ciudadanos una posición que de repente por el griterío y el escándalo nacionales, no se escucha.
APROBADA FINALMENTE
Por 89 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones los senadores aprobaron finalmente la minuta tramitada días antes por la Cámara de Diputados para hacer realidad la reforma Constitucional que obligará a estados y municipios a entrar en una estricta disciplina financiera.
Lo importante de este paso es el de crear reglas y candados para la autorización y contratación de deuda. Vale decir que es uno de los mayores frenos puestos a la obtención de créditos bancarios privados para cosas públicas que luego desaparecen en bolsas y fondos de los funcionarios locales.
Una vez que sea aprobada por la mitad más uno de los congresos estatales y con ello pueda ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto para entrar en vigor, esta reforma permitirá que sea la Cámara de Diputados la que apruebe finalmente todos los créditos demandados por los gobiernos estatales y municipales en el país.
Además esta reforma dará paso a la creación de una Comisión Bicamaral que tendrá facultades para analizar la situación de estados y municipios que presenten un elevado endeudamiento y que requieran la garantía federal para contratar nuevas deudas.
Esta reforma llega en el momento en que la deuda global de estados y municipios asciende en México a casi los 500 mil millones de pesos.
La reforma cierra el círculo al dotar de nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación -y otras dependencias de fiscalización estatales-, para revisar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de deudas bancarias.
Con ello se da un golpe directo a la posible desviación de recursos avalados por la federación, y para evitar y combatir la corrupción.
INFORME Y RECOMENDACIONES
En el contexto descrito es que ayer el auditor Superior de la Federación, el contador público Juan M. Portal informó sobre los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2013, es decir, del primer año de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Luego de un minucioso relato, lleno de números y datos del trabajo realizado, el auditor le entró al tema y advirtió:
“Para nadie es un secreto que, en la presente coyuntura, uno de los elementos más representativos del sentir general es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones de la República.
“Distintos sectores de la ciudadanía han asumido una actitud de escepticismo y de reserva respecto a la actuación del Estado, llegando, en algunos casos, hasta a asumir tintes de disenso y confrontación.
“Las justificaciones que cada quien aluda para explicar sus actos podrán tener más o menos autenticidad, sin embargo, esto representa solamente una parte del problema.
“La arena política presupone la existencia de visiones y perspectivas opuestas, que deben buscar establecer un acercamiento a través del diálogo y la negociación. En este contexto ¿cuál es el papel que deben desempeñar las instituciones?
“A mi parecer, los órganos del Estado tienen la obligación de sustraerse a la dinámica existente en la confrontación política y proporcionar elementos de certidumbre y objetividad, más allá de cualquier interés de grupo, preferencia personal, o apremio de la ciudadanía”, dijo para ubicarse fuera de la contabilidad y entrarle a la política.
Sabedor de que sus cometarios rebasan su ámbito contable, el auditor Superior de la Federación se explica:
“Cuando hacemos referencia a lo político y lo institucional estamos hablando de campos complementarios, pero a la vez excluyentes:
“La información surgida de la labor de las instituciones puede, y en algunos casos, debe ser materia de debate político, pero no por ello subordinarse a los vaivenes de la opinión pública, de las acciones partidistas o de una visión subjetiva de la realidad nacional.
“Es comprensible la impaciencia de algunos sectores por ver resueltos sus problemas, pero la actitud de demandar respuestas inmediatas, que no vayan a la raíz del problema, o que representen golpes mediáticos cuyo efecto tiene una muy corta duración, no abona a la búsqueda de soluciones estructurales que sirvan para todos los casos y en todas las circunstancias”.
Un posicionamiento que pretende advertir de los riesgos de un rompimiento que podría tener consecuencias sin regreso.
Interesante que un técnico especializado como lo es el Auditor Superior de la Federación se sienta obligado a dar una explicación y advertencia de hechos que afectan a la vida nacional, como lo apuntamos al inicio de esta entrega.
