Ágora Política
“Heroico Ejército Mexicano Asesino”
Jesús Yáñez Orozco
Cuando tengas que olvidar, sólo te pido olvídanos a nosotros, pero no olvides el olvido, del libro de La Séptima Expedición de Malabí, del escritor uruguayo Gabriel Sáez)
A la corona de espinas de padres de los 43 normalistas guerrerenses –cuyo calvario está a punto de cumplir cinco meses— significó otra astilla la declaración de la cúpula –crápula, más bien– empresarial mexicana que los cuarteles no se abrirán por nada del mundo para buscar a sus vástagos.
Se quedarán los padres con la duda si están o no ahí, y que se sumó a su dolor desolado.
Las palabras de la iniciativa privada –¿o privados de iniciativa y sentido común?– sellaron a piedra y lodo de la impunidad las puertas de acceso a todas las instalaciones del heroico Ejército Mexicano asesino.
Sin rubor alguno, Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, escupió con irremediable soberbia, como si los soldados fueran sus esclavos:
“Por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles”.
Fue entrevistado en días pasados, luego de la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de Marina y Defensa, con la presencia de los titulares de ambas dependencias.
Esas 10 palabras tuvieron el peso del que ha carecido la interminable verborrea oficial –desde Homero Addams, que viven en Los Pinos, pasando por Pericles, Miguel Angel Osorio Chong, y el Tío Lucas, Jesús Murillo Karam, pese a su cansancio crónico, o el mismo general Candela, Salvador Cienfuegos— que pretende sepultar, mediante el burocrático y burdo carpetazo, esta historia de ignominia, con repercusiones mundiales y que ha acarreado consecuencias negativas a la economía nacional.
Porque fue como mirar los árboles y no el bosque: no son ellos los que conducen al país.
Es la IP, por amor de Dios.
Porque, como dice Carlos Marx en sus escritos: lo económico determina lo político.
Y porque quedó más claro que el agua que el Ejército –que paga el pueblo y que, en consecuencia, debería estar a su servicio— es el brazo armado de la (R)IP.
Y la incondicionalidad de las fuerzas castrenses se extiende a los demás poderes, llamados eufemísticamente, fácticos –legales e ilegales– donde ya no se sabe cuáles son peores: iglesia, partidos políticos, PRI, en particular, Carlitos Slim, el duopolio de la telemierda, encabezado por Emilio Azcárraga Jean, cacicazgos regionales, corporativismo sindical y, sobre todo, narcotráfico y crimen organizado.
Porque los padres de los estudiantes desaparecidos viven de la quimera de que sus hijos podrían estar vivos en las instalaciones del 27 batallón de infantería, en Iguala, Guerrero.
Al Ejercito Mexicano hay que colgarle un sinfín de medallas de ignominia en el pecho: desde la matanza del 2 de octubre de 1968, hasta la masacre extrajudicial de 22 presunto delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado.
Cual plañidera, Solana Sentíes, lloró:
“Tengo mucha pena por lo que les pasó”.
Pero volvió a colocarse el guante de seda en la mano de hierro, cuando advirtió:
“Pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos”.
Y en una burda caricatura de lo que representa el poder empresarial en México, fue lapidario cuando agregó:
“(Entrar a los cuarteles) es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser (¡sácale las babuchas!), y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el Ejército”.
Estolidez, es la parte “más íntima” de su ser.
El dirigente dijo no tener el menor indicio de que el Ejército pudiera haber participado en la desaparición de los estudiantes:
“Yo, en lo personal, no lo tengo”.
Precisó que ellos, los militares, declararon tajantemente que tampoco tienen la menor responsabilidad en el tema, “ninguna”.
Solana Sentíes consideró que el marco jurídico actual deja desprotegidos a los soldados en su combate contra el crimen organizado.
Por eso, se conmiseró de ellos:
“Es muy difícil, cuando se está librando una verdadera guerra con personas que tienen lanzagranadas, metralletas y todas las armas del mundo, pues esperar un comportamiento de dama. Es un tema muy complicado. Por eso, insisto, que hay que revisar el marco jurídico para dar la cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender. No dejarlas indefensas”, opinó.
Sí: el Ejército Mexicano suele usar resorteras contra los cárteles de la droga, y balas, muerte tortura y desapariciones forzadas contra el pueblo.
Al encuentro privado, celebrado en el Club de Industriales, en Polanco, en la Ciudad de México, asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (quienes salieron por una puerta lateral y no emitieron declaraciones a la prensa), y empresarios afiliados al organismo, como Claudio X. González.
Al otro día de esas las infortunadas declaraciones de la elite empresarial, en las páginas del diario La Jornada hubo reacciones de severa crítica.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC), y Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, coincidieron en afirmar –por separado– que fue una medida “desafortunada” y “desesperada” para ayudar al gobierno federal.
Pero también una evidencia de la “insensibilidad” de las cúpulas empresariales y su creencia de que “son dueños” del Ejército.
Si el dirigente de la Concanaco quiso respaldar al gobierno federal con sus declaraciones, de que la cúpula empresarial no permitirá por ningún motivo que los padres de los normalistas desaparecidos se metan a los cuarteles del Ejército –aunque la Secretaría de Gobernación accedió a que inspeccionen sólo el de Iguala–, “poco lo ayuda a salir del problema”, valoró Cuauhtémoc Rivera.
Una manera democrática de alcanzar una solución tiene que involucrar a los padres para verificar todas las versiones, quienes se han sentido engañados y han traído de allá para acá y echándoles baldes de agua fría, precisó.
“Las declaraciones de Solana Sentíes, sostuvo, son desafortunadas, porque avivan el fuego de un problema que está lejos de resolverse”.
Para empezar, cuestionó: “¿Quién es él para impedir o permitir el acceso a los cuarteles?, sobre todo porque más que opinión parece una amenaza de que los dirigentes empresariales estarán en la puerta de los cuarteles para impedir el paso de los padres de familia”.
E interrogó: “¿por qué no dicen: ‘nos solidarizamos con que no se haga’, sino ‘no lo vamos a permitir’?, como si él mismo fuera a estar en la puerta con una metralleta.
“Con eso sólo se radicaliza más el problema, que prevalecerá hasta que se verifiquen todas las versiones que ha habido sobre la desaparición de los estudiantes”.
El investigador Miguel Santiago Reyes coincidió que el cierre de filas de la cúpula empresarial, en torno a las fuerzas castrenses. por el caso de Ayotzinapa, no es más que una “medida desesperada” de los grandes empresarios para sostener a un gobierno que “ellos mismos impusieron” y cuyas promesas, expresadas en las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, “todavía están en proceso de ser cumplidas”.
Las declaraciones de Enrique Solana son una muestra de “insensibilidad” y refleja que los empresarios se comportan como si “fueran dueños” del Ejército.
Las reformas aprobadas en los primeros dos años de gobierno de Su Alteza Serenísima fueron para favorecer a una buena parte del sector privado nacional y extranjero, por lo que, aseveró, dichos grupos ahora tratan de darle la vuelta a la página en el caso de Ayotzinapa que “es solo una muestra del hartazgo social ante la impunidad”.
“El sector privado lo que hace –en una medida desesperada– es tratar de salvar a este gobierno y buscar fortalecer a una institución que la mayor parte de los mexicanos sabemos que ha sido utilizada como una institución represiva como en el 68 y más recientemente en Tlatlaya”, recordó.
Una columna de este agorero albañil de la palabra, del pasado 3 de noviembre, titulada Los Intocables, narra:
De acuerdo con la página oficial en internet de la Secretaría de la Defensa Nacional, existen 12 Regiones Militares y 46 Zonas Militares en todo el país, comandadas por generales diplomados de Estado Mayor.
Llama la atención que en el estado de Guerrero, al parecer, sea la región con el mayor número de efectivos en el país con míseros resultados, por los que se mira, en comparación con el resto del país.
Hay una Región Militar comandada por Martín Cordero Luqueño en Cumbres de Llano Largo. Existen dos Zonas Militares: la27/a en El Ticui, a cargo de Mario Lucio González Cortés; y la 35/a en Chilpancingo, que encabeza Alejandro Saavedra Hernández.
¿A quién beneficia la masacre en Iguala?, interroga en un interesante artículo Diego Osorno, periodista especializado en seguridad nacional, autor de libros sobre este tema.
Argumenta, en un texto que circula en internet desde mediados de octubre, que refuerza lo arriba escrito:
En Guerrero el Ejército manda más que el gobernador. Estamos regresando de la militarización por la guerra contra el narco a la guerra sucia de los años 70 que comenzó justamente en ese estado.
A principios de los setenta el gobierno mexicano realizó por presiones de Estados Unidos un aparatoso operativo de erradicación de cultivos de drogas ilegales en Sinaloa, Durango y Chihuahua, que dejó sin mariguana y opio por un tiempo a consumidores estadounidenses.
Sin embargo, a la par de que sucedía esto, el capo Alberto Sicilia Falcón y un grupo de mandos militares llevaron por primera vez a Guerrero la siembra masiva de mariguana y adormidera. El traficante Sicilia se beneficiaba así con la producción y venta de drogas, cubriendo el vacío que había dejado en el mercado de consumo la operación Cóndor en el Triángulo Dorado, mientras que a los Generales de Guerrero, la maniobra les ayudaba en su guerra sucia contra el movimiento impulsado por el maestro normalista y guerrillero Lucio Cabañas, ya que los campesinos que sembraban mariguana y adormidera con su anuencia se convertían en informantes y colaboradores del Ejército.
Así es como nació esa mariguana famosa conocida como Acapulco Golden, que en parte podría ser una marca del Ejército mexicano.
Testimonios, documentos y análisis sobre esta realidad pueden consultarse en un capítulo del libro “El Cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco” (Grijalbo, 2009).
A continuación, el testimonio de Omar García, uno de los estudiantes normalistas que salvó la desaparición, que involucra a los militares, y quien además denunció que su compañero desollado del rostro por un policía–cuyas fotos circulan en internet— fue porque osó escupirle al rostro y de quien, curiosamente, nada ha dicho de él, el gobierno que encabeza EP(inochet)N:
“El Ejército Mexicano llegó más de dos horas después del par de ataques que sufrimos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre; ¿dónde estaban?”, preguntó Omar.
En entrevistas para diversos medios de información, reveló que cuando llegaron los militares, en lugar de atender a los heridos, los detuvieron y los golpearon.
“Llegó el Ejército acusándonos de allanamiento (de un hospital), dándonos culatazos y al compañero herido también lo sometieron.
Omar les preguntó a los soldados:
“Oigan, no están viendo que está gravemente herido, lo que necesitamos es apoyo”.
En ese momento el joven ayudaba a uno de sus compañeros heridos, quién todavía no se recupera.
“Fue ahí cuando nos dijeron: Ustedes se lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen”, agregó.
Para el joven la forma de actuar de los militares es un “reflejo de la criminalización (contra los normalistas), que han insertado en las fuerzas del orden”.
Además, los soldados los fotografiaron a todos. “Nos dijeron: Den sus nombres reales porque si nos dan sus nombres falsos nunca los van a encontrar“.
Ahora Omar se pregunta qué hizo el Ejército en dos horas, las dos horas que no aparecía por ningún lado.
Ahora, también, el heroico Ejercito Mexicano asesino está privatizado.
@kalimanyez
