Palacio Legislativo, 14-04-2016 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales (PRI), afirmó que el embarazo en la adolescencia es un problema grave que no se ha logrado resolver adecuadamente en México y “concentra la mayor parte de muertes maternas”.
“Es un problema que está dentro de las metas del Milenio, que creo nuestro país no estará cumpliendo en el término necesario; son problemas que no hemos resuelto adecuadamente”, aseguró al inaugurar el foro Embarazo Adolescente y Mortalidad Materna en el Marco de los Derechos Humanos.
Celebró que en la Cámara de Diputados se impulsen iniciativas relacionadas con la prohibición de matrimonio entre menores y la distribución oportuna y accesible de anticonceptivos en secundarias y preparatorias, “pues son temas que deben estar a discusión”.
El presidente de la Comisión de Salud, Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN), señaló que si los diputados no promueven políticas públicas en la materia, “la alza en embarazo adolescente seguirá”.
Apuntó que desde esta instancia legislativa harán consensos con otras comisiones para que el recurso enfocado a políticas públicas en la materia no sea disminuido para el próximo presupuesto.
“Si logramos hacer políticas públicas que sí se vean reflejadas en acciones, vamos a lograr las metas en salud para los mexicanos”, agregó.
Aseveró que “un recorte más perjudicará las políticas de prevención. Si no se invierte en la promoción de esos temas, no alcanzará recurso alguno para atender dicha problemática. Comisiones y dependencias deben informar a los adolescentes de los riesgos que existen al tener un embarazo durante la adolescencia”, externó.
La diputada Yahleel Abdala Carmona (PRI), integrante de la Comisión de Salud, dijo que es responsabilidad de ciudadanos y diputados atender esta problemática, “pues aquí implica la vida de las madres adolescentes, pero también de los futuros niños si es que el embarazo se logra”.
“Con el embarazo adolescente se frena el desarrollo adecuado de las niñas y el poder integrarse a la sociedad, pues quedar embarazadas las marca y no todas tienen el apoyo de sus familias y sus hijos son rechazados, lo que implica un problema social enorme”, expuso.
Liliana Martínez Peñafiel, integrante de la dirección de Atención a la Salud Materna y Perinatal, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), de la Secretaría de Salud, resaltó que es muy probable que las niñas que se embarazan entre los 15 y 19 años tengan hijos con malformaciones congénitas.
Comentó también que la ocurrencia de un embarazo en la adolescencia tiene impacto en el nivel de ingreso futuro, pues representa un costo económico alto, ya que se les debe atender en cuidados intensivos neonatales.
Precisó que también representa un costo social, “pues no necesariamente la embarazada está casada o en unión con su pareja y es un gasto para su familia”.
Martínez Peñafiel refirió que las niñas de entre 10 y 14 años que sufren violaciones no acuden a un control prenatal, “pues están escondidas en sus casas para que nadie conozca la situación”.
Subrayó que la mayoría de las adolescentes, después de su embarazo, no cuentan con información sobre un método de anticoncepción, lo cual provoca que se preñen en otras ocasiones. “Podemos ver en niñas de 19 años con cuatro o cinco hijos”, añadió.
Consideró que la salud y educación deben vincularse, pues tienden a ser más vulnerables las adolescentes que no han tenido acceso a la educación.
“Se deben incorporar clínicas del adolescente en todas la unidades de Salud Anticoncepción, proporcionarles soporte social e información de los servicios, así como una atención con personal altamente capacitado durante el parto”, dijo.
Al evento acudieron Alejandro Galland, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y José Antonio Hernández Pacheco, del Instituto Nacional de Perinatología (INPER).
