- Operan al margen e incluso contra las leyes nacionales, pero la SCJN y la ASF han pedido someterlas a control
- Solicitan Julio Saldaña y Omar Ortega revisar su sustentabilidad y viabilidad jurídica y financiera para determinar si son útiles
Desde hace tres décadas la tecnocracia gobernante ha perpetrado un despojo masivo a los mexicanos a través de la creación de filiales de Pemex en el extranjero que operan al margen e incluso en contra de las leyes nacionales.
Debido a ello, los diputados Julio Saldaña Morán y Omar Ortega Álvarez pidieron al Congreso de la Unión intervenir y parar ese saqueo, pues hoy que la economía nacional está en uno de sus peores momentos, más que nunca se debe evitar.
Los legisladores perredistas consideraron que esto es cuanto más válido si se considera la alta probabilidad de que el dinero sustraído a Pemex por esa vía haya ido a cuentas bancarias de algunos ex funcionarios, como los exhibidos en los “Papeles de Panamá”.
A través de una propuesta de punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores perredistas evidenciaron cómo la creación de estas filiales ha sido uno de los mecanismos para privatizar ganancias y socializar pérdidas por miles de millones de pesos.
Señalaron que este mecanismo de operación se ha mantenido desde 1988, cuando la tecnocracia en el poder inició la apertura de filiales de Pemex en el extranjero con el anzuelo de aminorar su carga fiscal en otros países y maximizar sus ganancias en las transacciones internacionales.
Pretendieron así sustraerse al imperio de las leyes mexicanas alegando, por ejemplo, tratados internacionales sobre la “no doble tributación”. Pero, ni hubo menor carga fiscal ni mayores ganancias para el país y sí, en cambio, una asignación multimillonaria para la operación de tales filiales y una contratación de deuda por miles de millones de dólares sin destino claro, pero con cargo a las finanzas nacionales.
En su solicitud de intervención a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Saldaña y Ortega proponen exhortar a Pemex a informar cuántas filiales de este tipo tiene, cuál es su situación jurídica y contable, y cuáles beneficios han aportado; al Sistema de Administración Tributaria (SAT) piden que informe cuánto han pagado en impuestos, y a la Secretaría de Energía revisar su sustentabilidad jurídica y financiera para determinar si son útiles o no.
Saldaña y Ortega ejemplificaron con los casos de Pemex Finance y Kot Insurance Company. La primera domiciliada en Islas Caimán que, sin ser formalmente propiedad de Pemex, contrajo deuda a su nombre por cinco mil millones de dólares en 1998 y 2000, que para 2012 equivalía ya a más de 753 mil millones de pesos. La segunda, domiciliada en Suiza, perdió en 2007 casi 190 millones de pesos, sin detallarse en qué, por qué y cómo.
Por otra parte, la ASF detectó que las empresas filiales de Pemex, aglutinadas en Grupo PMI, generaron ingresos adicionales por 22 mil 598 millones de pesos que se reinvirtieron en el extranjero en la más completa opacidad.
Para los legisladores, es muy probable que parte o el total de estos recursos hayan ido a cuentas particulares en paraísos fiscales como los ventilados por los “Papeles de Panamá”, paraísos que sirven para evadir pago de impuestos y ocultar dinero robado, fruto de la corrupción o del crimen organizado.
Entre los involucrados están los dueños de Grupo Higa -famoso por intercambiar contratos por dádivas con altos funcionarios, incluido el presidente Enrique Peña Nieto-, los dueños de Oceanografía, cuyos accionistas están involucrados en fraudes a Pemex, y el ex director de ésta, Emilio Lozoya.
Saldaña y Ortega exigieron detener esta inaceptable sustracción a las finanzas nacionales a través de dichas filiales, y revisar con lupa su operación, ya que incluso el Poder Judicial las consideró ilegales aún antes de que se pretendiera legalizarlas con la reforma energética privatizadora del actual gobierno.
Desde 1988, quienes estaban en el gobierno crearon PMI Internacional S.A. de C.V. como entidad paraestatal. Ésta a su vez, contrariando la propia ley de Pemex, creó Grupo PMI CIM con empresas jurídicamente separadas de ésta y del gobierno federal –por lo que ni Pemex ni el gobierno podría intervenir en su administración aunque operaran con presupuesto de ambos-, sin obligación de reportar a la Cuenta Pública, sin estructura, domiciliadas en otros países y reguladas por el derecho privado.
Es decir, con ello se pretendía que quedaran fuera de los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas que rigen a las empresas de participación estatal mayoritaria.
La justificación de su creación debería reflejarse en dividendos a Pemex y el pago de impuestos al gobierno federal. Al Grupo PMI CMI lo integran PMI Holdings B.V. y PMI Holdings N.V., que a su vez crean otras “empresas instrumentales” cuya existencia, aunque con dudosa justificación jurídica, se refrendó en 1996 y 2008.
Entre esas “empresas instrumentales” están precisamente las mencionadas Pemex Finance y Kot Insurance Company.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) –destacaron los legisladores perredistas- cuestionó este marco de excepción para filiales de PEMEX en las revisiones de las cuentas públicas de 2002, 2004, 2007 y 2008, y recomendó a la Cámara de Diputados analizar y definir su régimen legal, sobre todo porque, por operar en la opacidad, no hay prueba de que su objetivo se haya cumplido.
Saldaña y Ortega agregaron que la reforma energética pretendió legitimar esa figura a través de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos del 11 de agosto de 2014 excluyendo a estas “empresas instrumentales” de entre las paraestatales, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la controversia constitucional 97/2009 publicada en marzo de 2011 que, aunque fuera así, deberían ser sujetos de control presupuestal por manejar recursos públicos.
Dadas las posturas del Poder Judicial y de su propio órgano de fiscalización –la ASF-, ambos legisladores pidieron al Poder Legislativo no permanecer indiferentes e intervenir para detener este manejo poco claro de recursos nacionales por parte de instancias del actual Poder Ejecutivo.
