Acuerdo de paz en Colombia: “Nunca más, nunca más!”

Con esta frase que representa un grito esperanzador para el inicio de una era de paz en Colombia, terminó su intervención el comandante insurgente Iván Márquez en la ciudad de la Habana, Cuba donde las delegaciones oficiales del gobierno colombiano y la guerrilla más antigua del continente americano firmaban un acuerdo definitivo de paz.

Acuerdo que daría fin a la larga confrontación armada de más de 60 años que ha dejado cientos de miles de víctimas. En el comunicado titulado “la más hermosa de todas las batallas”1, el jefe de la delegación de las FARC-EP, resume lo que sería un gran pacto por la paz que incluye seis acuerdos principales: la reforma rural integral que comprende apoyo a la economía campesina, restitución de tierras robadas a los campesinos y la agroecología como estrategia de desarrollo rural; participación política que garantice el ejercicio de la oposición y respete la vida de los partidos de izquierda; solución al problema de las drogas ilícitas que incluye mecanismos de sustitución de cultivos para uso ilícito; un acuerdo de victimas que contiene la construcción de una verdad histórica y una jurisdicción especial para la paz que reconozca la responsabilidad de todos los actores del conflicto; y un acuerdo especial sobre los mecanismos del fin del conflicto que incluye un cese al fuego bilateral y definitivo, dejación de armas, monitoreo y verificación internacional, garantías de seguridad y desmonte del paramilitarismo y las medidas para la reintegración de los combatientes a la vida civil.

En el comunicado, Márquez hace una llamado a la comunidad internacional para apoyar los acuerdos pactados al mismo tiempo que insta al gobierno norteamericano a ofrecer “gestos humanitarios” para la paz habida cuenta de su amplia injerencia militar en el conflicto armado colombiano y clama por la libertad del comandante Simón Trinidad hoy preso injustamente y en condiciones infrahumanas en una cárcel norteamericana. Finaliza el comunicado con un saludo al pueblo de Cuba y a los presidentes Raúl Castro y Nicolás Maduro por sus ingentes esfuerzos para la materialización del acuerdo.

Así pues, los colombianos vivieron una primera noche con la esperanza de acabar definitivamente la larga confrontación armada por la que varias generaciones han pasado. Sin embargo para los militantes de izquierda, los partidos de oposición e incluso para la misma insurgencia, existe una seria preocupación por el desenlace que puede existir en una etapa posterior a la firma de los acuerdos. La insurgencia ha sido insistente en manifestar su preocupación en diversos medios sobre una eventual continuidad del fenómeno del paramilitarismo y las fuerzas progresistas confían en la palabra del presidente Santos pero sin ingenuidad. La amenaza de la derecha mafiosa y el pasado recuerdo trágico del exterminio de la Unión Patriótica2 en los años 80, hacen que amplios sectores desconfíen de la palabra de las elites colombianas representadas por el presidente Santos.

Es claro que en la Habana se discutió el modelo económico pero no hubo acuerdos sobre transformaciones estructurales a este; por razones obvias, una trasformación de ese tipo hubiera sido solo posible con la derrota militar del gobierno colombiano por parte de las guerrillas. El modelo económico pues del presente Santos que ha sido en favor del gran capital y las multinacionales continuará siendo así mientras un nuevo proyecto político progresista y de izquierda se prepara para arrebatar el poder a las castas tradicionales y pueda, como lo han venido haciendo gobiernos progresistas en América Latina, hacer transformaciones más profundas y sociales en Colombia.

Así pues, la firma del acuerdo general y la dejación de las armas por parte de la insurgencia colombiana, no pueden verse en ningún momento como un retroceso para el movimiento revolucionario colombiano, mucho menos se puede considerar una traición del movimiento insurgente como algunos lo han sugerido en debates de escritorio. La firma de este acuerdo era una necesidad de la izquierda en su conjunto y de la insurgencia en particular, en tanto abrirá las puertas para una lucha mucho más política y para llegar a espacios donde no era posible por la dinámica de la guerra. El conflicto no termina, los problemas sociales aún persisten y requieren con urgencia soluciones; solo cambian las armas para hacerle frente a estos problemas y a las mismas castas que los generan. Con la posibilidad de la construcción de un nuevo partido político de izquierda con todo el bagaje y la experiencia de 52 años de lucha armada y el conocimiento del terreno y de las comunidades rurales principalmente, las FARC-EP llegarán a nutrir y a potenciar el movimiento de izquierda colombiano para continuar en la disputa por el poder político. El sueño para las FARC-EP de la toma del poder no solo no finaliza sino que persiste, solo que los medios para llegar a él serán diferentes.

El acuerdo firmado pues, abre las puertas para que las FARC-EP como movimiento legal pueda acceder a este poder por las mismas dinámicas democráticas que el estado deberá garantizar en los próximos años. Conociendo de antemano las grandes falencias del sistema “democrático” colombiano, el nuevo movimiento le apostará al llamado, a través de la movilización social, al diseño de una nueva constitución por medio de una asamblea nacional constituyente que incluya a amplios sectores sociales y que mejore sustancialmente y con cambios más profundos la realidad social colombiana. Esta lucha por tanto esta por recorrer, pero de cumplirse lo firmado sería un cambio cuantitativo importante para generar nuevos espacios de construcción del movimiento social y ampliar de manera importante el movimiento contra-hegemónico en Colombia.

Viene una lucha en términos ideológicos y culturales por “ganarse el corazón” de amplios sectores desinformados y manipulados por varias décadas, principalmente de clase media, que defienden el actual modelo económico más que las propias elites. Una cultura arrasada por la manipulación mediática que ha hecho temer más a los insurgentes y a cualquier proyecto progresista y transformador que a la represión por parte de las castas en el poder y el impacto de sus políticas económicas. Una población influenciada por una nueva cultura mafiosa de corrido prohibido3 y pistola en el cinto que ha hecho del uso de la violencia y del desprecio hacia los otros el sentido común.

Así pues más que críticas a este proceso, los movimientos sociales y de izquierda deberán abrazar estos acuerdos y utilizarlos como un arma para una ofensiva ideológica y política que permita en un futuro no muy lejano la construcción de un gobierno progresista en Colombia.

Notas:

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