- Exige morena abolirla y dar trato digno y justo a estos trabajadores de la industria de la construcción
Guillermo Pimentel Balderas
Carentes de un trato digno, de respeto, con remuneraciones justas, pago de utilidades, reconocimiento a los principios y derechos constitucionales, fundamentales en el trabajo diario como cualquier otro asalariado, los trabajadores de la industria de la construcción –albañiles- en la capital del país, sufren en Pleno Siglo XXI, de esclavitud.
Urge promover un censo para la creación de un padrón de estos trabajadores cuya información permita emitir un diagnóstico y estrategias para el diseño de políticas públicas que protejan y respeten sus derechos constitucionales.
Muchos trabajadores de la industria de la construcción mueren sin ser identificados, sin conocerse su lugar de origen, entre otros aspectos, cuyos cuerpos son depositados en la fosa común o enterrados en las mismas construcciones y lo peor de todo, es que a sus familiares no se les paga ninguna indemnización y que si resultan con alguna limitación física derivados de los accidentes de trabajo, quedan en el olvido.
Así lo manifestó la diputada Ana Juana Ángeles Valencia del grupo parlamentario de Morena, quien exigió a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), abolir la esclavitud moderna a la que son sometidos miles de trabajadores de la industria de la construcción en la capital del país.
La legisladora de Morena al presentar un punto de a acuerdo donde exhorta a las titulares de las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Rural del Gobierno de la Ciudad de México, ambas del GCDMX, a promover un censo para la creación de un padrón de los trabajadores de la industria de la construcción cuya información permita emitir un diagnóstico y estrategias para el diseño de políticas públicas que protejan y respeten sus derechos constitucionales.
Mencionó que en nuestro país mueren al año mil 500 mexicanos por accidentes de trabajo o por enfermedades derivadas de éste, lo que representa un problema social y de salud público silencioso y enfatizó que en la capital del país se desconocen las cifras reales de a cuántos albañiles se contrata y bajo qué condiciones laborales.
Sostuvo que no es válido que el registro de fallecimientos y de lesiones que incapacitan parcial o totalmente a los trabajadores se haga a través de los medios de comunicación, donde ellos publican nueve casos de decesos por accidentes en la construcción de desarrollos inmobiliarios en los últimos seis meses.
Destacó que muchos trabajadores de la industria de la construcción mueren sin ser identificados, sin conocerse su lugar de origen, entre otros aspectos, cuyos cuerpos son depositados en la fosa común o enterrados en las mismas construcciones y lo peor de todo, abundó, es que a sus familiares no se les paga ninguna indemnización y que si resultan con alguna limitación física derivados de los accidentes de trabajo, quedan en el olvido.
Precisó que gran parte de la esclavitud moderna no es visible para el público pero que sin embargo muchos trabajadores desempeñan sus labores en condiciones infrahumanas, con horarios de descanso limitados, salarios injustos, nulas prestaciones de ley, sin pago de utilidades pese a que la industria de la construcción aporta magnas ganancias a los dueños de las inmobiliarias.
En ese sentido, dijo que lo mínimo que debe hacer el GCDMX es proteger los derechos laborales existentes en un marco normativo que regula las percepciones y las prestaciones como cualquier otro trabajador asalariado para ubicarlo en un marco de igualdad jurídica laboral.
Además, consideró que ante la anarquía urbana que ha degradado la vida de los capitalinos que, también, permitió la efervescencia de megaproyectos por la Ley de Desarrollo Urbano de 2010, es justo que todos los trabajadores de la industria de la construcción reciban el reparto de utilidades y bonos de acuerdo a las ganancias de los desarrolladores urbanos.
Manifestó que es justo un reconocimiento a las garantías laborales para miles de trabajadores de la construcción que son sometidos a lista de raya sin contrato alguno y sin el disfrute de las elementales prestaciones como vacaciones pagadas, aguinaldos, reparto de utilidades y servicios médicos, entre otros.
Propuso que a los trabajadores de la construcción se les reconozca como grupo en situación de vulnerable al carecer de las condiciones mínimas de derechos ciudadanos como el de tener un nombre y apellidos y con la documentación necesaria para ser identificados como mexicanos y gozar de todas las prerrogativas de ley.
Comentó que de acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año mueren poco más de dos millones de personas en el mundo por enfermedades derivadas del trabajo, y más de 300 mil por accidentes laborales, lo que equivale, dijo, a un promedio diario de cinco mil 500 decesos por estos motivos.
Reconoció que en nuestro país la única instancia que reporta cifras a nivel nacional en la materia es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que sin embargo, sus datos sólo representan una mínima parte de los trabajadores que se desempeñan en la economía formal, pues gran parte de la fuerza laboral -60 por ciento aproximadamente- se encuentra en la informal o bajo el régimen de honorarios.
Agregó, que sólo el 20.34 por ciento del total nacional de los trabajadores tienen un contrato indefinido o temporal, mientras que el 79.66 por ciento no tiene contrato, o no sabe.
Ángeles Valencia informó que de acuerdo con la OIT, cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, y que en ese mismo lapso, abundó, 153 trabajadores tienen un accidente laboral.
En la CDMX, detalló, la mayoría de los trabajadores de la construcción provienen de diversos estados de la República, población que vive en condiciones no dignas e inseguras en sus lugares de origen y que literalmente vienen a la capital a ser presa de abusos por parte de sus patrones.
A nivel nacional, precisó, hasta septiembre de 2015, el total de asegurados en el IMSS fue de 17 millones 761 mil 278 trabajadores, de los cuales sólo un millón 553 mil 983 son de la industria de la construcción, cifra que representa sólo el nueve por ciento del total.
Por todo lo anterior, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia reiteró la importancia de obtener estadísticas para la implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas sectorizadas, sobre todo porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, la capital del país ocupa el tercer lugar entre las entidades que más aportan a la construcción.
