En México asesinan cada mes a 180 mujeres: INMUJERES
FOVISSSTE ha invertido más de 182 mil millones de pesos en créditos de vivienda
Javier Bárcenas
La diputada presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género, Karen Hurtado Arana (PRD), dijo que en muchas entidades este instrumento nació muerto y que es lamentable que la violencia contra las mujeres se vea como estadísticas, a pesar del número de homicidios contra este sector.
Durante el Foro “La efectividad de las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género y mecanismos alternativos para hacer frente a la violencia generalizada contra las mujeres en México”, señaló que no existe suficiente información sobre la violencia que sufren las mujeres a nivel nacional.
Es momento de que la sociedad civil alce la voz y exija a las autoridades lo que les corresponde hacer, y que el Legislativo trabaje para garantizar una vida libre de violencia.
La presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos Por Razones de Género, diputada Maricela Contreras Julián (Morena), manifestó que en 10 años se han registrado más de 26 mil asesinatos de mujeres, debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo.
Añadió que los mecanismos de alerta de violencia en los estados implementan un procedimiento muy largo, y comentó que Ciudad Juárez, Chihuahua, fue paradigma en este tema, porque a partir de que se registró la violencia contra la mujer, se comenzó a hablar del tema en todos los estados.
La diputada integrante de la Comisión de Igualdad de Género, Concepción Villa González (Morena), indicó que el procedimiento para eliminar una alerta es tardado, lo que genera un estado de emergencia por violencia feminicida.
“Urge revisar y analizar el instrumento de las alerta de género, con el fin de implementar acciones que garanticen el cese de la agresión en contra de las mujeres”, consideró.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete Gutiérrez, pidió modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque el artículo 60 en materia de sanciones remite a un hoyo negro donde se pierde el tema de la responsabilidad de los servidores públicos.
Solicitó integrar un capítulo con perspectiva de género donde se plantee qué responsabilidad debe tener el servidor público que no emita una orden de protección a una mujer en situación de violencia, y qué se hará con autoridades que siguen patrones de omisión y maltrato.
La directora de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elvia Lucía Flores Ávalos, puntualizó que la herramienta de alerta de género, aunque es muy importante, no resuelve el problema de feminicidio; es necesario implementarla en toda la República.
“Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, son estados que no implementan este instrumento. Buscamos que estados y municipios atiendan el problema de violencia contra las mujeres, hay mucho por hacer”.
Consideró que a fin de lograr resultados en la implementación de alerta por violencia, se debe reconocer a la víctima y a sus familiares para reparar el daño, “se debe integrar la parte de conocer las conductas para tipificarlas bien”.
Es urgente investigar todas las violaciones de derechos humanos, y proporcionar a las víctimas atención psicológica y garantizar que no se repetirán esas conductas agresivas.
En su oportunidad, la directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM), Edna Guzmán García, consideró que para garantizar la implementación de alertas de género, hay que vincular a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las fiscalías de los estados para que se coordinen y enfrenten la problemática.
La directora Ejecutiva del Centro de Investigación para la Equidad Política y Desarrollo (CIPE), Teresa Pérez Vázquez, puntualizó que no existe voluntad política para resolver la violencia de género.
Los servidores públicos deben olvidar la complicidad, omisión y falta de acciones que generan corrupción y retraso en la atención de la problemática e impide dar resultados eficientes. “Hay que buscar la forma de impulsar el quehacer de los servidores públicos, gobernantes y de quienes toman decisiones de forma ética”.
Javier Bárcenas
Después de un año y tres meses, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública rechazaron con 29 votos en contra, 13 a favor y dos abstenciones, la minuta del Senado sobre la operación de mando mixto policial de los estados.
El dictamen buscaba reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución Política, en materia de seguridad pública, para establecer la creación del modelo policiaco de mando mixto, y por lo tanto requería para su aprobación el voto de dos terceras partes.
Se rechazó con el voto en contra de los diputados del PRI, PVEM y PES. A favor se manifestaron los legisladores del PAN, PRD y MC, y en abstención se pronunció Morena, mientras que ningún diputado de Nueva Alianza apareció en la votación.
La minuta, que fue aprobada en la Cámara alta el pasado 17 de junio, incluso con el voto de los senadores del PRI y PVEM, surgió de una decena de iniciativas, entre ellas una del Ejecutivo federal que planteaba el modelo del mando único policial.
Durante la discusión del documento en Comisiones Unidas, los diputados del PRI apuntaron que el modelo que se debe crear es el de mando único propuesto por el Ejecutivo federal, porque el mixto resulta inviable y presenta problemas de operatividad, gestión y responsabilidad.
El diputado Francisco Escobedo Villegas (PRI) dijo que el mando mixto generaría, por lo menos, tres problemas: el primero, la inestabilidad operativa derivada de la evaluación, que traería consigo una confusa ida y vuelta de recursos materiales y financieros entre órdenes de gobierno.
El segundo inconveniente sería que las entidades y municipios podrían renunciar o delegar las funciones de seguridad a la Federación, con lo cual ésta terminaría por asumir las tareas de seguridad pública, para lo cual no existe capacidad institucional suficiente.
El tercer problema sería que el mando mixto generaría una sobrecarga política y de gestión que podría recaer en la Federación, ya que establece que los diagnósticos, evaluaciones y certificaciones policiacas para estados y municipios los realice la Federación.
La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) afirmó que su grupo parlamentario coincide con el modelo de mando mixto porque mantiene las funciones de seguridad de los municipios consideradas en el artículo 115 constitucional, cuando éstos cumplan con los estándares de certificación.
Destacó que el tema de la seguridad pasa necesariamente por el tema del fortalecimiento de las policías y, una vez, que esto se vea de manera integral, se puede hablar del tema de la intervención del Ejército en funciones de seguridad.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), reprochó que los diputados del PRI y PVEM sólo se hayan pronunciado en contra de la minuta y no presentaran una propuesta alternativa, ni siquiera retomar la iniciativa del mando único del Ejecutivo federal.
“Tenemos meses y meses sin que el PRI y el PVEM hagan una propuesta alternativa de modificación a la Constitución, que es a donde se dirige la minuta del Senado sobre mando mixto policial, incluso plantear rescatar la propuesta original del Presidente de la República de mando único policial, sólo dicen que no”, reclamó el perredista.
El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) señaló que crear e implementar el mando único tendría efectos devastadores en contra del federalismo democrático, pues es un modelo que corresponde al sistema centralista que atenta contra las funciones y facultades de los municipios.
En ese sentido, subrayó que su bancada se pronuncia por preservar las funciones y facultades en materia de seguridad de los municipios, que están consagradas en la Constitución, y en contra del centralismo que, dijo, ha perjudicado al país, pero finalmente su voto fue de abstención.
En declaraciones a la prensa, tras concluir la reunión, el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que se hizo todo lo que estuvo a su alcance para convencer a los legisladores de los beneficios de la minuta que envió el Senado.
Asimismo, consideró lamentable que se rechazara porque el país vive “el peor momento de inseguridad en su historia”.
FOVISSSTE ha invertido más de 182 mil millones de pesos en créditos de vivienda
Javier Bárcenas
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) ha invertido 182 mil 685 millones de pesos para financiar 389 mil 554 créditos de vivienda, informó su Vocal Ejecutivo, Luis Antonio Godina Herrera.
En conferencia de prensa, dijo que en lo que va de 2017, ya se han formalizado 52 mil 707 financiamientos hipotecarios con una derrama de recursos superior a los 31 mil millones de pesos en beneficio de médicos, enfermeras, maestros, elementos de seguridad pública federal, jueces, magistrados y todos los trabajadores al servicio del Estado.
Detalló que durante el 2016, el Fondo otorgó más de 63 mil créditos hipotecarios lo que equivale a casi el 50 por ciento de las viviendas construidas en Inglaterra, a una quinta parte de las casas edificadas en Francia y más del 50 por ciento de las construidas en Chile.
Enfatizó que el organismo contribuye a abatir el rezago habitacional en México, dado que el 44 por ciento de la oferta de créditos del Fondo se ejerció en las entidades con mayor rezago como son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Frente a representantes de diferentes medios de comunicación, el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE dijo que de 2013 a la fecha se ha cancelado 128 mil hipotecas lo cual da certeza jurídica a los trabajadores al servicio del Estado, además de que eleva su patrimonio familiar.
Con respecto al Programa Solución Total, con el cual se reestructuran los créditos que se vieron afectados por la crisis económica del 94, Godina Herrera destacó que hasta el momento se ha logrado la liquidación total de 8 mil 324 adeudos hipotecarios, como un acto de justicia social.
Asimismo, resaltó las acciones del FOVISSSTE a través del Programa Inmediato de Reconstrucción de Vivienda (PIREV), el cual se implementó a raíz de la emergencia por los sismos del mes de septiembre que afectaron a distintas entidades del país.
Explicó, que a través del PIREV se canalizarán 35 mil 560 apoyos crediticios con una derrama por 15 mil millones de pesos, los cuales se aplicaron en Créditos Tradicionales especiales, Segundos Créditos, Créditos para remodelación de vivienda y del esquema FOVISSSTE Apoya.
El Vocal Ejecutivo agregó que para el 2018 el FOVISSSTE estima mantener la colocación crediticia y el ritmo de inversión, con un monto de recursos estimados en 40 mil 800 millones de pesos para financiar entre 46 mil y 55 mil créditos de vivienda en beneficio de sus derechohabientes.
