La reforma a Ley de Hidrocarburos pretende pasar por encima del Estado de Derecho; deja en peligro constante la seguridad nacional y energética, ensombreciendo el buen clima a la inversión; busca combatir al comercio ilegal de combustibles, pero es el pretexto más burdo para esconder la verdadera intención de la expropiación directa en este sector, denunció Juan Carlos Romero Hicks.
El Coordinador del GPPAN se refirió así a la propuesta del Titular del Ejecutivo Federal que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, sometida a la Cámara de Diputados el pasado 23 de marzo y que está programada para su discusión en breve.
El dirigente albiceleste dijo que, a partir de esa fecha, la mayoría de MORENA se apresuró a convocar a una Mesa de Discusión con expertos que no sirvió para la reflexión ni mucho menos para enriquecer el texto original, siguiendo la orden dictada por el otro poder de la Nación, para que, sin moverle una coma y de manera diligente se apresten a aprobarla sin más ante el Pleno.
Establece que la Secretaría de Energía, o la Comisión Reguladora de Energía, podrán revocar “a discrecionalidad” los permisos de los particulares para la comercialización de hidrocarburos.
Altera la competencia y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Constitución. Pretende, amañadamente, acabar con la competencia para favorecer a PEMEX en los casos que arbitrariamente alegue el gobierno un supuesto peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Es decir, se convierten en juez y parte.
Debido a la falta de infraestructura y capacidad de almacenamiento de petrolíferos en el país por culpa directa de este gobierno, pone en grave riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuenten con la capacidad de almacenamiento, puesto que se les podrán revocar sus permisos, ya que tienen totalmente detenidos nuevos permisos de almacenamiento.
La verdad sea dicha, agregó Romero Hicks, esta propuesta del presidente López Obrador tiene una concepción distorsionada e incurre en el error de ideologizar el papel de las empresas del Estado Mexicano como PEMEX, colocándolas por encima del interés de los mexicanos con la calidad de monopolios, cuyo mantenimiento nos costará muchos impuestos a esta y las siguientes generaciones de mexicanos.
Los diputados panistas Ángeles Ayala Díaz, Hernán Salinas Wolberg y Justino Arriaga Rojas, como integrantes de la Comisión de Energía, expresaron que la iniciativa contradice los principios constitucionales para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos y viola los tratados internacionales ratificados por México.
Romero Hicks alertó que una seria amenaza con claras intenciones de decretar expropiaciones en materia energética, es la propuesta al artículo 59 bis que dice:
· La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
· La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del Permisionario, Para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el Permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de los anteriores”.
Lo anterior, además de constituir una imposición de Petróleos Mexicanos como un monopolio en México, acarreará inconformidades legales de los ciudadanos afectados ante las instancias judiciales, abriéndose un capítulo más como el que tuvimos con la Reforma de la Industria Eléctrica, que se encuentra suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“En momentos como el actual, donde se requiere de la inversión para crear empleos y reactivar la economía el presidente López Obrador y su grupo mayoritario atentan contra los principios de legalidad, seguridad jurídica, y competencia económica”, precisó.
“Los diputados del Partido Acción Nacional estamos a favor de las buenas prácticas en la venta, cantidad, calidad, legalidad, transparencia y distribución de los hidrocarburos, apoyamos que se castiguen los abusos contra los consumidores, pero no vamos a acompañar la falsa oferta de combatir la corrupción con simulaciones que francamente afectan a las familias mexicanas y al sector productivo nacional”, dijo.
Solamente basta con una autoridad que haga cumplir con las disposiciones que están en las leyes mexicanas aplicables a la cantidad, calidad y medición de los hidrocarburos y petrolíferos para que se reduzca el riesgo de daño a las finanzas públicas de nuestro país.
“Definitivamente no estamos de acuerdo y nunca vamos a validar que se pongan en riesgo los capitales legalmente invertidos y administrados por las empresas; en alterar la seguridad jurídica que cualquier negocio necesita; no vamos a aceptar que se viole una vez más la Constitución General de la República, ni tampoco los compromisos internacionales adquiridos por México”, finalizó.
