ROMPECABEZAS
ABEL LUNA ESPINOSA
ENTRE LAS GRANDES preocupaciones de las autoridades del Instituto Nacional Electoral está, de hace varios años, de qué manera puede evitarse o reducirse el ingreso de recursos de procedencia poco clara en las campañas de los candidatos a los llamados “puestos de representación popular”
Ya desde octubre de 2005, el entonces presidente Consejero, Luis Carlos Ugalde, manifestaba su preocupación por las grandes cantidades que llegaban a las manos de los candidatos, pero no se tenía claridad de su procedencia.
El eufemismo aplica para no hablar que muchas cantidades llegan por parte de la delincuencia organizada, con todo el propósito de influir en los comicios para que lleguen a las alcaldías, diputaciones locales y (¿por qué no?) hasta gobernadores, y acomodar a quienes después claramente los dejarán seguir con sus actividades.
El mal nefasto ejemplo de esta campaña han sido las muertes de candidatos, de diferentes partidos, que han sido acribillados a mansalva y en circunstancias nebulosas.
Formalmente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela, explicó que al aplicar la ley en la materia se determinó que el límite de las aportaciones en dinero y especie que cada partido político podrá recibir por parte de militantes asciende a 105 mil 019 millones de pesos, mientras que para el caso de simpatizantes es de 42 millones 963 mil pesos.
En tanto, el límite de aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos en dinero o en especie será de 42,963 millones de pesos. El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, que cada partido político nacional podrá recibir en este ejercicio será de 2,148 millones de pesos.
EN CUANTO A las llamadas prerrorgativas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó 7 mil 226 millones 3 mil 636 pesos reaprtidos entre siete partidos políticos con registro y aquellos que lo obtengan a finales de agosto.
La cifra incluye mil 575 millones 285 mil 638 pesos para que hagan campaña en la elecciones de diputados federales; mil 250 millones 952 mil 127 pesos para gasto ordinario; 157 millones 528 mil 564 pesos para actividades específicas; 210 millones 38 mil 90 pesos para franquicias postales y 693 mil 504 pesos para “franquicias telegráficas”
ENTRE LOS GRANDES errores de la actual administración ha sido la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), donde se integraron especialistas de las diversas disciplinas relacionadas con el análisis y práctica de la enseñanza.
La razón de esta afirmación es que si no tenemos –como país- las bases para conocer, lo más acertadas posible, cuál es el panorama educativo real con todos los matices y diferencias de la educación en todo el país, será imposible la generación de planes y programas adecuados a cada realidad en cada estado, en cada nivel de la enseñanza, por encima de las buenas intenciones de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública.
La participación de un grupo de estudiantes en la prueba PISA, que ha ido de la mano con el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en poco o nada ha permeado en la educación nacional; porque como me decía un director y amigo “la educación es un sistema de largo aliento, los resultados no pueden aplicarse o medirse de un ciclo lectivo a otro”
Hoy pareciera que sigue prevaleciendo el amiguismo en la Federación, porque en ese sector todavía no vemos hacia dónde se dirige la actual secretaria, la maestra Delfina Gómez Alvarez.
¿De qué nos sirve el conocer que los muchachos participantes en esos exámenes no tienen la suficiente preparación para la lectura adecuada de un par de párrafos y luego sintetizarla con sus propias palabras?
Situación similar ocurre en cuanto a su preparación para responder a cuestiones matemáticas.
El 15 de mayo de 2019 la doctora Sylvia Schmelkes, consejera de la Junta de Gobierno del INEE, mencionó que este organismo autónomo generó una enorme información que documenta la situación que prevalece en la educación obligatoria de México.
En ello, apuntó, están el propio Panorama Educativo de México; los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales del aprendizaje de los alumnos; las condiciones en que las escuelas ofrecen la enseñanza; sobre las políticas educativas, de la educación para los adultos y de la referente a la que reciben los grupos más vulnerables.
Pero, regresando a nuestro momento actual, surge otra pregunta, casi obligada. ¿Con qué capacidades, nuevos temas y aprendizajes regresan los alumnos a las aulas?
Porque más allá de “pasar en automático” a los estudiantes, habría que volver a insistir en la preparación magisterial, porque si bien es cierto hay millones que se empeñan en darle los mayores conocimientos a sus alumnos también hay quienes, expresado en términos simples, “les interesa más la grilla sindical” que su preparación.
¿Las autoridades educativas y sindicales tienen claridad y precisión del panorama derivado de la separación grupal de los alumnos?
