“A la fecha, se han sucedido cinco presidentes, diez legislaturas, incluida la cuarta transformación, y esa deuda histórica continúa. Si bien hubo una reforma sobre el tema en 2001, no incorporó estos derechos, apegados al espíritu de San Andrés”, advirtieron las comunidades y organizaciones.  

ALDEA señaló que la desprotección del marco legal vigente ha derivado en un sinnúmero de conflictos violentos que han llevado a la cárcel a personas defensoras que luchan por la autonomía indígena, como los casos de José Antonio y José Luis, de la comunidad purépecha de Nahuatzen, recientemente puestos en libertad por orden de la SCJN y tras la movilización permanente de su comunidad. O el caso del pueblo otomí de San Francisco Magú, donde varios de sus integrantes son criminalizados por aplicar sus sistemas normativos de tenencia de la tierra para el manejo de un centro cultural comunitario. “Otra lamentable situación es la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, afectada por una contrarreforma promovida por el gobierno de esa entidad que les retiró la protección legal para llevar a cabo la labor de seguridad comunitaria que han brindado por más de 25 años”, agregaron. 

Las comunidades aseguraron que les alientan experiencias como las de comunidades zapotecas de Valles Centrales, articuladas en la COPUDA, que después de décadas de lucha han visto cumplida su demanda histórica por hacer valer su manejo tradicional del agua.

“En adición a los agravios cotidianos en contra de los derechos colectivos, se suma la permanencia de políticas y leyes neoliberales de las últimas décadas, como la Reforma Energética, la Ley Nacional de Aguas, el art. 27 constitucional reformado y la Ley Minera, a la cual se añade el reciente Acuerdo del Ejecutivo sobre proyectos del orden federal.  Todo este entramado legal constituye un atentado hacia la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios y bienes comunes, al justificar, la ocupación de los mismos, por considerar preferentes, de utilidad pública e incluso de seguridad nacional varias de estas actividades y proyectos”, manifestaron.  

ALDEA señaló que, recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió de las autoridades yaquis la propuesta de Reforma Indígena que busca recuperar los compromisos establecidos en los Acuerdos de San Andrés. “Sin embargo, dicha reforma está aún frenada, a pesar de que fue promovida por el  Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en un proceso participativo y con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes y hombres y mujeres de todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país y a pesar de que tanto la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han instado al Estado mexicano a fortalecer el marco legal para el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos”, lamentaron.