Los acuerdos  aún no cumplidos incluyen realizar estudio socioeconómico a las familias, incorporarlas al Registro Nacional de Víctimas, e iniciar la entrega de apoyos en febrero (cuyo cálculo sería determinado de manera retroactiva al 22 de septiembre de 2021) así como establecer acciones orientadas a la reparación del daño y a la reubicación adecuada de las familias desplazadas. 

“A pesar de que el actuar de la CEAV es indispensable para comenzar a resarcir los profundos impactos a la vida de las víctimas de desplazamiento, la falta de un marco legal en la materia obstaculiza los mecanismos de atención.  La omisión en la protección de los derechos de las familias desplazadas de Guerrero es un ejemplo de esta urgente problemática”, valoró el colectivo.

Por ello, el Colectivo realizó una serie de exhortos al Senado de la República para que se discuta y se apruebe a la brevedad la Ley de Desplazamiento Forzado, pues la grave crisis de violencia generalizada sigue provocando episodios masivos de desplazamiento forzado interno en el país y “es responsabilidad del Poder Legislativo actuar en beneficio de miles de familias que han tenido que huir de sus hogares para salvar sus vidas”.

“Reiteramos el llamado urgente a las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República para que discutan en este periodo legislativo la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, pidieron.