A 18 años de iniciada la privatización del servicio ferroviario nacional y a 12 de la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México como organismo público descentralizado, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) han informado cómo va la liquidación correspondiente ni el pago a pensionados y jubilados a pesar de que a este último concepto, por ejemplo, se le asignó una aportación inicial de 13 mil 579 millones 750 mil pesos.
Por lo anterior, el diputado federal José Luis Muñoz Soria solicitó a los titulares de la SCT y del SAE que informen a la brevedad sobre el plan y las acciones realizadas luego de la publicación en octubre de 2012 de las bases para llevar a cabo dicha liquidación.
También les demandó informar sobre el listado de jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones, así como de aquéllos a quienes no se les ha hecho valer este derecho.
Específicamente al titular del SAE le pidió, además, el listado del inventario valuado y las fechas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso FERRONABLESJUB, del cual es miembro, ya que éste es el encargado de administrar desde hace 17 años los recursos para el pago de pensiones jubilatorias de los trabajadores.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados refirió que el 12 de mayo de 1995 inició la privatización de los ferrocarriles nacionales con la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, merced a la cual los particulares podían, mediante concesión, operar y explotar las vías generales de comunicación y prestar el servicio público de transporte ferroviario.
Dos años después, en diciembre de 1997, se constituyó el Fideicomiso 5012-6 FERRONALESJUB, a los dos siguientes –en agosto de 1999- el organismo público dejó de operar las vías y de prestar el servicio, en junio de 2001 se determinó su extinción y se abrogó su Ley Orgánica y para agosto del mismo año la SCT estableció las bases para su liquidación y designó a BANOBRAS como órgano liquidador.
Sin embargo, hasta nueve años después, aparentemente, no se había hecho gran cosa, por lo que la SCT notificó en agosto de 2010 a BANOBRAS que la tarea de liquidar a FERRONALES se la adjudicaba al SAE, la que hasta un año después –en septiembre de 2011- presentó a la SCT su plan de liquidación.
La SCT, a su vez, le pidió al SAE que sometiera a la consideración de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación dicho Plan, el cual presuntamente contiene el diagnóstico, las acciones y las necesidades de recursos para reorientar y concluir la mencionada liquidación.
Sin embargo, Muñoz Soria recordó que la ASF ha realizado auditorías a las cuentas públicas del SAE correspondientes a 2010 y 2011, de las que derivaron dictámenes con opinión negativa y abstención de opinión, respectivamente. Dicho de otro modo, las cuentas del SAE no están claras.
Específicamente en lo que respecta a FERRONALES, el SAE no tenía en 2011 Plan de Liquidación; no sometió a autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su cancelación, el monto de los créditos incobrables o incosteables pendientes de liquidar; no convocó a sesiones al Comité Técnico del Fideicomiso y no se aseguró de la confiabilidad de las valuaciones actuariales a fin de determinar la suficiencia financiera para cumplir a los jubilados y pensionados.
Para el diputado perredista, el Fideicomiso FERRONALES JUB no les ha cumplido a pesar de los años transcurridos, de que SCT le asignó al SAE 305 millones 600 mil pesos en 2012 y de que el Presupuesto de Egresos de la Federación le etiquetó en el mismo año dos mil 777 millones 300 mil pesos.
En resumen, para el perredista es más que justificada la petición de información a la SCT y al SAE, por lo cual le propuso también al Pleno de la Cámara de Diputados respaldarla y hacerla suya como Punto de Acuerdo.
