Germán Vergara Soriano, titular del Instituto Iberoamericano de Investigación y Desarrollo del Seguro y del Empleo (IIIDSE), en el marco de la Segunda Semana Nacional de la Seguridad Social, en la Cámara de Diputados, advirtió que la pensión universal deja sin protección a los trabajadores migrantes indocumentados que van a Estados Unidos, pese a las remesas que envían, ya que la redacción de la propuesta señala que los beneficiarios son “mexicanos residentes en el país”.
Urgió garantizar en las leyes secundarias una pensión a los indocumentados que regresen al país, para enfrentar una vejez de manera más digna. Por el momento, dijo, esa pensión universal es “la única estrategia que tiene el Estado mexicano para garantizar la eliminación de la pobreza extrema en la tercera edad”.
Abordó el tema al discutirse la situación del esquema de la seguridad social de México, el cual está en riesgo por pensiones bajas para el 85 por ciento de la población y por beneficios tan altos a un reducido sector, que son impagables en el largo plazo, según los especialistas y académicos, y propusieron una reforma constitucional para homologar todos los sistemas en un marco general, aumentar las aportaciones y modificar el diseño de las prestaciones.
En su participación, el actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, titular del despacho Valuaciones Actuariales en Coahuila, destacó la conveniencia de que las nuevas generaciones entren al sistema vigente de pensiones, pero con diferentes condiciones, y los trabajadores activos sean considerados en dos vertientes: los que poseen derechos adquiridos y los que tienen expectativas de derechos.
Urgió a cambiar el esquema de pensiones, porque actualmente el 20 por ciento de la nómina del personal en activo paga pensiones, pero va a llegar a 60 por ciento. Es decir, de 100 trabajadores hay 20 pensionados, pero serán 60 por cada cien.
Aseguró que “hoy se gasta el 8 por ciento del Presupuesto de Egresos en subsidiar sistemas de pensiones quebrados, pero como no se modificó generacionalmente el esquema llegará a 14 por ciento, y con 3 puntos más de la pensión universal, colocará el pasivo contingente del Producto Interno Bruto (PIB) en 132 por ciento”.
Recomendó que las reformas legales se hagan en consenso para equilibrar los aspectos económico, político y social, pues sólo así se evitarán enfrentamientos. Sostuvo que existen más de mil sistemas de pensiones en el país, y en cada estado son todos diferentes. Deben “homologarse para meter orden”, afirmó.
Indicó que el 50 por ciento de los mexicanos no percibe ningún tipo de pensión, el 35 por ciento accede a pensiones bajas mediante el IMSS, y un reducido sector goza de beneficios muy altos impagables en el futuro, por lo que “la seguridad social en México es cara, debe abaratarse y elevar las cotizaciones gradualmente para aumentar los ingresos”.
A nombre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Thomas Wissing, titular para México y Cuba, urgió a hacer un análisis de género en el sistema de seguridad social del país, ya que no es lo mismo la atención de las mujeres que a los varones, porque en su mayoría se encuentran en la informalidad y enfrentan otras condiciones de vida individual y familiar.
Destacó la importancia de establecer “un piso de protección social, el cual no sólo es un sistema de asistencia, sino un elemento de cohesión social que da estabilidad a la población”, porque asegura un ingreso mínimo para los más pobres que no lograron ingresar al mercado formal de empleo y prestaciones.
Dijo que los retos del esquema de seguridad social son: la cobertura universal, mejorar los servicios, la sostenibilidad financiera, cambios demográficos y establecer un sistema contributivo que incluya capitalización individual y subsidio público.
Por otra parte, Félix Palma Valdez, director general de ISSSTE Puebla, refirió el éxito de la reforma paramétrica estatal en materia de seguridad social y pensiones, implementada en enero de 2012, la cual revirtió la inviabilidad del esquema para dar 19 años de aplicación sin riesgos.
Resaltó que el fondo de pensiones pasó de 700 a mil 500 millones de pesos, tan sólo en un año tres meses de estar vigente la reforma estatal en la materia, lo que propició un aumento en el nivel de préstamos a los trabajadores, al pasar de 40 a 380 millones de pesos de 2011 al presente año.
Explicó que se modificaron la edad mínima y tiempo de laborar para pensionarse, de 55 a 65 años, en el primer caso, y en el segundo de 30 a 35 años; incremento en cuotas y aportaciones, así como una pensión fijada con el promedio de los sueldos ganados durante los cinco últimos años.
Palma Valdez propuso incluir en la agenda parlamentaria las reformas de seguridad social en estados y municipios; unificar esquemas pensionarios y homologar criterios para todos los trabajadores; la posibilidad de migrar del esquema del IMSS al ISSSTE para que se reconozca la antigüedad de los empleos, con lo que podrán acceder a pensiones más dignas.
Por último, José María de la Torre Verea, vocal ejecutivo de Pensionissste, refirió la contribución de las Afores a crear fuentes de empleo bien remuneradas que incrementen el capital disponible para que los trabajadores accedan a pensiones más altas y dignas.
Apoyó la portabilidad o migración de una contratación privada a la pública, sin que el empleado se preocupe porque se le reconozca su antigüedad.
En el panel “Pensiones”, la diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, sostuvo que este tema es vigente y no se agota, por lo que llamó a todos los sectores a interesarse y evaluarlo a profundidad para aportar soluciones realistas que coadyuven a construir un nuevo marco.
Luego de escuchar las preocupaciones y propuestas de profesionistas, académicos, funcionarios y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la secretaria de la Comisión de Seguridad Social aseguró que los legisladores las atenderán y analizarán para incorporarlas al marco jurídico, a fin de abatir la pobreza en el país y garantizar a los adultos mayores una vida digna.
