Zócalo: (Trasfondo)
José Vilchis Guerrero
A unos días del anuncio de diversas medidas para garantizar la seguridad pública, unas diez mil personas se manifestaron nuevamente en la Ciudad de México, al cumplirse el primero de diciembre 2 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y –otra vez- una decena de encapuchados sedicentes anarquistas causaron destrozos a sucursales bancarias y comercios y fueron detenidos –otra vez- tres jóvenes que nada tenían que ver con los vándalos, denunció una madre llorosa, testigo de la represión.
Paralelamente, en Chilpancinco, Guerrero, un grupo de manifestantes quemó al menos 15 vehículos de la fiscalía de Guerrero, durante una protesta contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. El incendio se inició después del mediodía, cuando un contingente de integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) pasó por la sede de la fiscalía.
De nueva cuenta, la manifestación en ambas ciudades fue convocada para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de dos meses y en reclamo por la situación de violencia en el país y, durante la misma, la mayoría de las consignas fue de rechazo al mandatario federal.
La consigna de “Fuera Peña” también apareció en el mitin en el Ángel de la Independencia: ahí, tanto el padre de unos de los 43 desaparecidos como uno de sus compañeros normalistas reclamaron la falta de resultados de las investigaciones y exigieron la renuncia del presidente de la República. El grito de “Fuera Peña” fue coreado por asistentes.
Los hechos confirmaron los datos de la encuesta de Reforma –publicada este lunes- en la que EPN alcanza una aprobación de apenas 39 por ciento; en abril era de 48 por ciento. La desaprobación es de 59 por ciento. La aprobación de EPN entre líderes se ubica en un 21 por ciento, y tiene una desaprobación de 79 por ciento.
De acuerdo a esta medición, Peña tiene el nivel de popularidad más bajo que haya registrado un Presidente de la República desde los años 1995 y 1996, cuando inició el sexenio de Ernesto Zedillo, quien en ese momento conducía un país en crisis económica. Más bajo que los panistas fallidos.
En la encuesta de Reforma, la calificación promedio que obtiene el gabinete de Peña es de 4.5. Solamente el canciller José Antonio Meade aprueba con una calificación de 6.1. Otros 20 cercanos colaboradores del mandatario reprueban con caliificaciones menores a 6, incluido el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien obtiene 4.6, así como el Procurador General Jesús Murillo Karam, quien saca una nota de 3.9.
En cambio, los resultados de la encuesta de El Universal-Buendía & Laredo registran que 41 por ciento de los ciudadanos aprueba al Presidente, mientras que 50 por ciento lo reprueba. También marca el nivel más bajo de aprobación en dos años. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue mencionada como uno de los temas negativos de su sexenio.
Los tiempos de la ira que vivimos apuntan al hartazgo por la impunidad de los gobernantes, que creían que Ayotzinapa era un caso más de los nexos de los gobiernos municipal, estatal y federal con el crimen organizado que se podrá olvidar pronto; que la Casa Blanca de las Lomas pasará al expediente de las anécdotas de los sobornos que son comunes entre empresarios y la alta burocracia de gobernadores y secretarios de Estado a los que nos han acostumbrado a los mexicanos.
El Financiero publicó que en México, los escándalos de corrupción cuestan a las empresas al menos 2.5 veces más baratos que en Estados Unidos, debido a la debilidad del marco regulatorio y legal en esta materia.
De acuerdo con Alfonso Crespo, director de Investigación de Fraudes de Ernst & Young, bajo la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas vigente en México, se multa con un máximo de 10 millones de dólares a una persona moral en caso de modificación de libros y violaciones de contabilidad, mientras que en Estados Unidos el mismo caso amerita una sanción económica mínima de 25 millones de dólares.
En las marchas populares se afirma que ya no se soporta más impunidad, más corrupción de autoridades que sólo prometen, no cumplen; y lo peor, que ya no les creemos ni a Peña Nieto ni a Jesús Murillo Karam. ¿Cuántos vándalos pudieron haber sido detenidos en dos meses de protestas que han querido acallar esos sujetos que más bien obedecen a los propósitos del gobierno?
