Columnaria
Juan Chávez
Causan escozor las leyes secundarias del sistema anticorrupción que pretenden los actores políticos construir con tales normas.
Antes de que concluya el actual periodo de sesiones (Abril 30), ambas cámaras del Congreso deberán despachar tales leyes, pero parece que la “participación de todos” abrirá campo a un espacio de retraso al combate a la corrupción.
Mientras, doce organismos internacionales se han avocado al análisis de tan destructivo elemento en la administración pública en todos sus niveles y de 168 países observados, México obtuvo 35 puntos de 100.
Somos, nos reconocen, “una nación con fuertes problemas de ilegalidad”.
En el “Informe sobre la percepción de la corrupción 2015” Jamaica, Panamá y Colombia obtuvieron mejores evaluaciones que México.
La corrupción hay que recordarlo, fue bandera de la campaña de José López Portillo a la Presidencia de la República.
“La corrupción somos todos”, acuñó como lema en su cruzada electoral.
Lo cierto es que la corrupción nace por la tortuosa tramitología impuesta por los gobiernos federal, estatales y municipales.
Eso, al margen de los salarios cada vez más exiguos frente a las alzas a los costos de la vida que acelera cada vez más la economía de libre mercado.
En un reciente foro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se clamó por la “regeneración de la vida pública como meta principal del sistema anticorrupción” que todavía no cobra signos de existencia real.
En ese foro su título fue tan real que a todos les pareció la gran ficción:
“Cómo nos arreglamos”.
La propina, en muchos casos, es otro generador de corrupción. Se yergue, además, como símbolo de que ya no hay nada gratis. Al barrendero, al carro de la basura, como ejemplo, hay que soltarle todos los días unas monedas para ser atendido por sus servicios.
“Échele algo al bote”, le rasuran a uno en esa acción de ir a tirar la basura.
Ahí, en ese nivel, comienza la corrupción que es más cara y cobra otros nombres como el “entre” o la “mordida”.
Otra cosa es el 10% o 20% con que hay que ponerse para “ganar” los contratos licitados para obras, servicios u otros bienes por parte de los gobiernos. Aquí los ganones son algunos mandos medios y altos de la administración pública.
Así, como frenar y eliminar tan nocivo fenómeno que se refleja en la sana y eficiente recaudación fiscal y en el tremendo impacto con que golpea al Producto Interno Bruto (PIB).
