La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma la fracción III del artículo 113 y adiciona un artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación, para imponer sanción de tres a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El documento avalado con 417 votos y remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también establece sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Al fundamentar, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que la evasión de impuestos reduce el potencial de recaudación de cualquier administración. “Cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones de este tipo es ineludible que debe ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades correspondientes”.
Indicó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.
Con esta reforma se pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas que simulan operaciones inexistentes, así como fortalecer mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes.
“La reducción de la evasión de impuestos fortalece los ingresos públicos y, por consiguiente, la sostenibilidad fiscal de los gobiernos y genera un impacto positivo en el bienestar de los países. Es pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes”, afirmó.
Terrazas Baca expresó que la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra-venta de facturas, genera competencia desleal, la cual a largo plazo provoca que la carga tributaria recaiga solo en los contribuyentes cumplidos.
En los posicionamientos, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) señaló que la evasión de impuestos es una práctica que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, siendo ineludible que este tipo de conducta ilícita debe ser sujeta a sanciones enérgicas.
Indicó que la principal causa de la caída de la recaudación de los impuestos se debe a las operaciones simuladas por empresas deductoras de operaciones. “Basta de ser permisivos, ya no podemos continuar con la emisión de facturas falsas mediante actos simulados, sin la materialización de actividades u operaciones de empresas que bajo un registro indebido e ilegal venden la emisión de las mismas a través de las famosas empresas fantasmas o despachos que expenden facturas para evitar trasladar el impuesto a las arcas del gobierno”.
José Rigoberto Mares Aguilar, diputado del PAN, expresó que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evasión y la elusión fiscal ascienden a un billón de pesos anuales, lo que representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente afirma que la estimación podría alcanzar los dos billones de pesos anuales, es decir el 8 por ciento del PIB.
De acuerdo con el Banco Mundial, México está entre los países más perjudicados por la evasión de las empresas, que coincide con las estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al detectar 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación. Esta reforma permitirá que las autoridades fiscales consoliden el control sobre operaciones de los contribuyentes y pretende poner un alto a las operaciones financieras de dependencias públicas con empresas fantasmas en todos los órdenes de gobierno.
