Hugo L. del Río
Guerrero siempre ha sido un estado bronco, dominado por la familia Figueroa. Es tan poderosa esta mafia que ha logrado impedir la construcción del ferrocarril de la Ciudad de México a Acapulco. Desde luego, la historia de los Figueroa está manchada de sangre.
Por ello, es natural que acusen a las autodefensas de ser instrumentos del narco. Obviamente, la especie carece de fundamento. Hace años, este redactor asistía a la asamblea de una cooperativa de artesanos en Olinalá, en la región de La Montaña. Vi que se acercaba un convoy de la policía y me preparé para lo peor. Para mi asombro, los gendarmes tomaron asiento para participar en los trabajos de los cooperativistas. Era la fuerza comunitaria: agentes hijos, hermanos, padres de los vecinos, quienes les habían confiado la tarea de brindar la seguridad que le negaba el gobierno del estado. La crisis guerrerense, crónica, se ha agravado, al punto que las mujeres de Xialtianguis tomaron las armas para defender a su pueblo. Y es que si la autoridad les niega protección, los ciudadanos tienen que buscar la manera de defenderse. Las tomas que vi en la TV mostraban a señoras y señoritas de todas las edades, con armas de muy escasa potencia. Nada de M-16, AR-15 o AK-47; carabinas .22, unos cuantos rifles Winchester de tijera y algunas escopetas. El gobierno no acepta que la sociedad se proteja a sí misma, y envía a los soldados a desarmar a las autodefensas. Ello ha provocado ya incidentes –ayer hubo uno, potencialmente peligroso, en Florencio Villarreal, por la Costa Chica— que, gracias a la prudencia de los mandos militares, no han llegado a mayores. El gobernador Ángel Aguirre Rivero dice que en su entidad reina la paz, pero no asistió a la CoNaGo efectuada en Mazatlán. Por algo será. La contradicción entre asambleas armadas y la carta constitucional se resuelve fácilmente, a condición de que exista voluntad política: se le da carácter oficial a la gendarmería comunitaria, con placas y credenciales, todo eso sin cargo al erario, y se les autoriza a portar armamento que no es exclusivo del Ejército. Pero, ¿existirá, realmente, en Guerrero, la intención gubernamental de poner las cosas en orden? Miles de habitantes de San Miguel Totoloapan y Las Shascuitas, amenazados por los sicarios, tuvieron que abandonar sus hogares y están refugiados en Acapulco. Hasta ahí, santo y bueno. Pero, claro, la alta burocracia tiene que decir la última palabra y ya la dijo: la Secretaría de Seguridad Pública, militarizada hasta el tuétano, ya ordenó que los desplazados abandonen la plaza y regresen a sus comunidades. Para que los maten, supongo. Y, desde luego, no hay diálogo entre Aguirre Rivero y Bruno Plácido Valerio, líder de la Organización de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. La cúpula política debería tomar nota que el horno no está para bollos. Estamos cabreados con la política de privatizar Pemex y la CFE y la CNTE ya nos dio una muestra de cómo es posible tomar por asalto a una de las ciudades más grandes del mundo. Claro: los vándalos cenetistas le están dando pretextos al Estado mexicano para desencadenar la represión. Sería la clásica fórmula del autoritarismo mexicano para acallar las protestas.
